Los Gobiernos deben garantizar que la pesca responsable no sea una desventaja competitiva

Los Gobiernos deben garantizar que la pesca responsable no sea una desventaja competitiva
Javier Touza Presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vig

Javier Touza Presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo

La necesidad de sincronizar a la industria, la Administración y el conocimiento como clave para el desarrollo competitivo es un principio de la planificación estratégica que tiene en los casos de las actividades que dependen de los recursos naturales, como la pesca, una trascendencia que afecta a la supervivencia de la actividad.

El presente y, sobre todo, el futuro, de la pesca, no solamente dependen de la habilidad de la industria para competir, sino también de la existencia de datos científicos que permitan la explotación sostenible de un recurso natural más allá de unas incertidumbres que obligan a la precaución. Y dependen también en buena medida de una regulación eficaz que cumpla con el objetivo principal del desarrollo sostenible. Es decir, que permita compatibilizar la necesidad de preservar un recurso natural con las necesidades sociales y económicas.

En contra de lo que muchos piensan y dicen, cuando desde la industria pesquera nos dirigimos a la Administración no lo hacemos en busca de ayuda. Lo que generalmente reclamamos de los Gobiernos es que asuman su responsabilidad.

“Es responsabilidad de las Administraciones públicas evitar que esa producción responsable se convierta en una desventaja”

Toda la actividad pesquera depende de decisiones políticas. Desde el punto de vista de la industria, nuestra capacidad de producción está limitada por la gestión pública de los recursos y nuestra competitividad está limitada por una fuerte intervención en el comercio, que nos obliga a tener que demostrar continuamente y en cada momento que nuestra producción no ha comprometido los objetivos medioambientales.

Además de las necesidades de adaptación que hemos asumido, cada día nos enfrentamos a una mayor complicación burocrática. Y todo esto sucede mientras comprobamos que, en un mercado global, no todos estamos sometidos a las mismas obligaciones (level playing field).

Uno de nuestros retos es convertir la producción responsable en una ventaja competitiva. Pero es responsabilidad de las Administraciones públicas evitar que esa producción responsable se convierta en una desventaja.

Podemos poner algunos ejemplos. En una política de hechos consumados contraria al principio de buena gobernanza, la Comisión Europea nos obliga a que, a partir del uno de mayo, los productos comunitarios que tenemos que hacer llegar a Europa desde puertos de terceros países traigan en el diario de pesca un visado que certifique que la mercancía no ha sido manipulada y que ha estado bajo vigilancia aduanera. Esa ha sido la fórmula elegida para sustituir al actual T2M. El sello tiene que ser impreso por una autoridad extracomunitaria  en un documento comunitario. ¿Alguien ha previsto en la Comisión la tremenda complejidad burocrática de una medida de este tipo? Es más, ¿alguien en Europa se ha parado a evaluar los efectos sociales y económicos de esta fórmula? En la industria, que llevamos décadas sobre el terreno, sabemos que la respuesta es no. Se ha legislado de una forma irresponsable, sin prever las consecuencias y el resultado es que las buenas prácticas de la pesca europea se convertirán, una vez más, en una desventaja competitiva.

También en estos días, la Comisión afronta la redacción del nuevo “Reglamento de Autorizaciones”, que implica que, a partir de ahora, todos los barcos comunitarios tendrán que contar con un permiso, incluidos los que pesquen en aguas internacionales, en aguas reguladas por Organizaciones Regionales o en aguas de terceros países con o sin acuerdo con la UE. El Gobierno de España ya exige a sus barcos los denominados Permisos Temporales de Pesca (PTP) desde 1981. Afrontaremos, pues, una nueva complicación burocrática para demostrar algo que ya venimos demostrando desde hace casi cuarenta años.

“La industria no puede cumplir con sus obligaciones porque la Administración no ha cumplido las suyas”

Y en esa falta de responsabilidad podemos enmarcar también la actual situación en España, donde el retraso en la renovación del Gobierno está paralizando actuaciones que son el resultado de decisiones ya adoptadas. Es el caso, por ejemplo, de los planes de producción y comercialización de las Organizaciones de Productores. La industria no puede cumplir con sus obligaciones porque la Administración no ha cumplido las suyas.