Andrés Concha, presidente de SOFOFA: Desarrollo Pesquero
Esto se explica en parte por la pesca indiscriminada de barcos factoría en aguas internacionales y por la presencia de la jibia, especie depredadora que, a consecuencia de los cambios de temperatura ocurridos en las corrientes marinas, se instaló en el mar chileno.
Sólo una política de shock puede salvar a esta desfalleciente industria nacional, que da vida y trabajo a miles de personas a lo largo del litoral chileno.
Hay ciertos elementos que ya demuestran ser esenciales en la política pesquera que impulse la recuperación de la industria. Lo primero, es fijar cuotas globales de pesca muy estrictas. Es la única forma de poder apostar a la recuperación de la biomasa. Evidentemente, dado el carácter migratorio del jurel, este esfuerzo sólo podrá rendir frutos si esas limitaciones de pesca son respetadas por el resto de los países que operan en aguas internacionales y que se han agrupado, con ese propósito, en la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP).
Adoptar una institucionalidad independiente que dé seguridades a todas las partes debiera ser un segundo pilar a considerar. En esto, un papel relevante lo debieran jugar los científicos.
Un tercer pilar es definir un régimen de administración de pesca eficiente. Se han intentado varios, pero la cuota global anual con límites máximos de captura por armador (LMCA) ha probado ser el más eficiente.
Un cuarto elemento relevante es definir cómo acceder a la actividad extractiva. En décadas pasadas, cuando el recurso era abundante y la industria incipiente, operaba un régimen de libre acceso. El mar estaba abierto para todos. Hoy la capacidad de captura autorizada excede la disponibilidad del recurso pesquero. ¿Subasta o derechos históricos? En eso ha estado centrado el debate. Si la actividad pesquera se estuviese recién iniciando el día de hoy, no cabe duda que la respuesta es la subasta. Pero resulta que hay ya una historia de 60 o más años con entrega de autorizaciones indefinidas a los pesqueros por parte del Estado, los que han desarrollado, además de la flota, una industria en tierra y han abierto mercados en diversas partes del mundo. Para la industria pesquera, la subasta de la cuota global, sin compensación, representaría un desconocimiento de sus derechos históricos. Para ellos lo que vence el año 2012 es el límite máximo de captura por armador, no sus autorizaciones de pesca, que son indefinidas y anteriores a la ley que estableció dicho límite. Por ello, si se aprueba una opción de subasta es muy probable que se produzca una ofensiva judicial que buscará reconocer, con buenos títulos, un derecho sobre el cual se ha desarrollado la actividad pesquera por muchas décadas.
Los partidarios de la subasta alegan ventajas desde el punto de la competencia. Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia señaló que para la defensa de la libre competencia no se requiere subastar las cuotas, sino que establecer un sistema de plena y libre transferibilidad de las cuotas individuales, lo que en cualquier escenario debiera ser parte integrante de la política pesquera.
Los partidarios de la subasta también argumentan que asignar la cuota global entre quienes poseen derechos históricos representaría otorgarles un “privilegio encubierto” ya que se trata de un recurso que pertenece al Estado -en esto hay un error, pues los peces son res nullius – y que se entregaría gratuitamente. Esto es muy discutible toda vez que los derechos se han construido sobre una historia de capturas y de autorizaciones indefinidas otorgadas en el marco de la ley. Además de pagar una patente sobre los flujos de pesca, los titulares de estos derechos deben depreciar barcos y plantas de proceso que hoy están visiblemente subutilizados.
Es este, sin duda, el tema más delicado de definir ya que enfrenta una opción política con un derecho construido por una historia que tiene diversos símiles en otros sectores productivos chilenos, tales como la propiedad agrícola, los derechos de agua, los permisos de emisión y los derechos de pesca de los pesqueros artesanales grandes. Esta controversia deberá quedar resuelta ya sea políticamente en el Congreso o jurídicamente en los Tribunales.
Estamos, en todo caso, en vísperas de un proceso legislativo que tiene la gran oportunidad de dejar definida las coordenadas de una política pesquera que permita levantar una industria de alto potencial y que, por diversas razones, ha funcionado durante muchos años en un marco de gran inestabilidad.
