Velando por un recurso de todos
En la elaboración del proyecto se han alcanzado acuerdos históricos entre los distintos actores del sector. Uno de ellos es la transferencia de parte de la cuota de extracción de los industriales en favor de los pescadores artesanales, lo que, en casos como el jurel, significa duplicar los recursos disponibles para dicho sector. Este traspaso ha sido valorizado en más de 30 millones de dólares anuales y beneficiará a sobre 75 mil familias de la pesca artesanal del país.
Esta ley, sustentada en el acuerdo de la llamada mesa de pesca, no sólo tiene la ventaja de traspasar los recursos antes mencionados desde los industriales a los pescadores artesanales, sino que, además, no genera ningún desempleo en las más de 70 mil familias de tripulantes de embarcaciones y trabajadores de plantas procesadoras que dependen del mundo industrial, porque sólo se contempla la posibilidad de licitaciones una vez que se haya recuperado el 100% de los recursos traspasados a los artesanales.
Es fundamental garantizar a todos los chilenos la adecuada explotación que se realiza de un recurso que les pertenece, la forma en la que vamos a recuperar aquellas pesquerías que han sido sobreexplotadas durante las últimas décadas y la manera en que cuidaremos el recurso pesquero en el futuro.
Queremos hacer un cambio profundo en la institucionalidad, implementando iniciativas que garanticen la explotación sustentable de las pesquerías nacionales. La eliminación de las facultades resolutivas del Consejo Nacional de Pesca en materias de administración pesquera, tales como la fijación de cuotas globales de captura y el fortalecimiento de la investigación, buscan independizar las decisiones técnicas de las políticas.
En términos generales, los derechos de pesca que contempla este proyecto tienen duración indefinida, son divisibles, se pueden traspasar y están desvinculados de las embarcaciones. Habrá dos tipos de licencias. Un primer tipo que reconocerá los derechos históricos de quienes han trabajado por años en este sector, que pagarán patentes -fundamentales para financiar los costos de investigación y gestión pesquera que debe hacer el Estado- y un royalty, ya que son recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos.
El segundo tipo busca permitir el acceso de nuevos actores en el sector y consiste en licitar parte de las cuotas industriales, en la medida en que éstas superen los niveles o puntos críticos de cada pesquería. Estas licencias pagarán patentes y la renta que significa la licitación por los costos de explotación del recurso.
La nueva ley de pesca velará por los intereses propios y naturales de este sector productivo, respetando los acuerdos alcanzados en la mesa negociadora, sentando las bases para un cambio que tiene por objetivo garantizar la sustentabilidad de este recurso.
