* Sonapesca desmiente concentración del sector en siete familias
La Sociedad Nacional de Pesca manifestó este martes sus aprensiones respecto de algunos aspectos del proyecto de ley sobre administración pesquera que el gobierno envió al Parlamento, ya que considera que “no son concordantes con sus objetivos de sustentabilidad y competitividad” y que por lo tanto espera que puedan ser “corregidos” durante su tramitación legislativa.
A través de una declaración pública, la entidad señala que “la experiencia internacional indica que es contraproducente licitar cuotas pesqueras. Los más destacados científicos y expertos internacionales, en numerosas publicaciones disponibles, son enfáticos en expresar la inconveniencia de licitar pesquerías que ya están en operación por los desincentivos para la sustentabilidad de los recursos y los trastornos sociales y económicos que se causarán”.
Asimismo, sostiene que el sistema de asignación inicial de cuotas, “no han sido utilizadas en ningún país del mundo, con la excepción de Rusia y Estonia que adoptaron este sistema en el año 2001, fracasando rotundamente y abandonándolo al poco tiempo” y que “más grave aún es el caso chileno donde varias pesquerías se encuentran bajo sus rendimientos sostenibles, por lo cual incrementar el esfuerzo pesquero atenta contra el objetivo principal de la ley, cual es la recuperación y sustentabilidad de los recursos”.
También enfatiza que “la experiencia en nuestro país confirma las publicaciones científicas sobre el tema. Se han licitado cuatro pesquerías que fueron declaradas incipientes (sin operación pesquera previa) o en recuperación, y tres de ellas han estado en veda total por sobreexplotación. En los cuatro casos las cuotas se han concentrado en unos pocos actores”.
Según Sonapesca “en el país los recursos naturales y sectores regulados se trabajan a través de derechos de uso. En el caso de la industria pesquera, son de carácter indefinido y sus eventuales caducidades están expresamente reguladas en la actual ley, por lo que debilitar su contenido es expropiatorio e inconstitucional”.
También cuestiona que se aumente el impuesto por concepto de patente pesquera que se aplica desde 1991 dependiendo del tamaño de las embarcaciones y que se paga por adelantado, de manera independiente al resultado de las compañías. “Este impuesto sectorial es el más caro asociado a un derecho de uso en la economía chilena, representando un 6% de las ventas brutas del sector pesquero industrial. Aumentar este tributo conlleva una pérdida de competitividad a nivel internacional, además de ser discriminatorio respecto a otros sectores de la economía”.
También pone en tela de juicio el cambio de la institucionalidad vigente, que tienden a concentrar las decisiones “en la autoridad política” en desmedro de los comités científicos y del “panel de expertos” y critica al proyecto por mantener “una visión centralista de la administración que no incluye las realidades de los mundos pesqueros regionales, materia que debiese ser recogida en la discusión respetando los criterios científicos y la sustentabilidad”.
Finalmente Sonapesca cree que en la discusión debe incluirse un análisis de “las pesquerías transzonales y altamente migratorias”, ya que considera que se trata de una tema de gran trascendencia para “la sustentabilidad de los recursos”.
Y explica que “es necesario reiterar que las anchovetas de la zona norte son compartidas con el Perú, el jurel con una flota internacional de 10 países que opera fuera de las 200 millas y las merluzas de la zona austral con la flota argentina y otras que operan en las aguas australes. Chile debe procurar mecanismos para el acceso sustentable a dichos recursos”.
