Sector pesquero: necesaria estabilidad, por Francisco Orrego, presidente de SONAPESCA
Ello no debe sorprender, ya que el aporte de la industria pesquera al desarrollo económico, social y cultural del país y de las regiones donde esta actividad se emplaza prioritariamente es incuestionable. Solo en términos de empleo, el sector pesquero da trabajo directo a más de 165 mil personas en todo el país, con promedios de remuneraciones a marzo de 2015 de $709.000, ingreso sustancialmente superior al de otros sectores de la producción y de los servicios. La mayor parte de la fuerza laboral del sector está constituida por mujeres.
La Presidenta también anunció la suscripción de un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Chile y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que permitirá a este organismo desarrollar una evaluación técnica de la legislación pesquera nacional a la luz de los instrumentos y buenas prácticas para la sustentabilidad y gobernanza del sector pesquero que promueve la FAO en todo el mundo. La industria pesquera ha valorado esta iniciativa, confiando en que la evaluación de la Ley de Pesca que realizará la FAO será técnica, seria, responsable y participativa. En tal sentido, estimamos que un diagnóstico objetivo del actual marco regulatorio despejará dudas y potenciará nuestro sector productivo.
El tono constructivo y propositivo de los anuncios de la Presidenta de la República contrasta con las declaraciones formuladas por algunos parlamentarios que han propuesto modificar la institucionalidad pesquera del país contenida en la Ley de Pesca.
La institucionalidad pesquera chilena es el resultado de un amplio y público debate, llevado a cabo en el Parlamento y en el Tribunal Constitucional con la participación de todos los sectores políticos, entidades científicas, académicos, autoridades sectoriales, los más destacados especialistas pesqueros, organizaciones no gubernamentales protectoras del medio ambiente y, por supuesto, de todos los actores, esto es, las entidades representativas de la pesca artesanal e industrial del país. Fue un proceso largo que se prolongó por un año y que involucró cientos de audiencias, sesiones televisadas y ampliamente difundidas a través de los medios de comunicación.
Así, la Ley de Pesca fue fruto de un acuerdo mayoritario y transversal que logró mejorar significativamente la posición de los pescadores artesanales, quienes incrementaron en forma importante sus cuotas de captura, incorporando como eje central la sustentabilidad y recuperación de las distintas pesquerías. La pesca industrial vio reducida su participación en la producción total, lo que las empresas estimaron como un paso para el logro de un horizonte de estabilidad en la legislación que regula a esta importante actividad productiva.
La nueva legislación pesquera chilena recoge las mejores prácticas internacionales en materia de sustentabilidad, entrega objetividad en la asignación de las cuotas, que son definidas por un Comité Científico autónomo, introduce un enfoque ecosistémico, crea los planes de manejo, y, lo más importante, genera condiciones claras y estables para la preservación de las especies. Además, esta normativa establece mecanismos regulatorios similares a los de otros sectores de recursos naturales.
Es indispensable ser prudentes para evitar generar incertidumbre innecesaria en una actividad que, con razón, ha sido calificada por la Presidenta de la República como un sector productivo prioritario. Constituiría un precedente muy nefasto que una institucionalidad regulatoria que requiere estabilidad en el tiempo pudiera verse afectada por la contingencia política o por investigaciones judiciales específicas que deberán ser resueltas de acuerdo con los mecanismos establecidos en nuestro Estado de Derecho.
Francisco Orrego Bauzá
Presidente Sociedad Nacional de Pesca F.G.
