Rodrigo Sarquis, presidente de Sonapesca: “Hay que dar vuelta la página”
Pablo Bravo y Gonzalo Silva.
Sin duda, el 2012 fue un año intenso para el sector pesquero del país. Por un lado, estuvo la discusión parlamentaria que terminó dando vida en diciembre pasado a la nueva ley de pesca que regirá al sector por los próximos años y, en el caso de la actividad industrial, también se encontraban las negociaciones para dar vida a la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (ORP-PS), entidad internacional que busca regular la pesca en alta mar.
El trabajo anterior llevó a los dueños y ejecutivos de las empresas pesqueras a desviar la atención del nivel más interno y que no deja de ser preocupante. Las menores capturas registradas en los últimos años, el terremoto del 2010 y la acción de la flota extranjera frente a las costas chilenas, decantaron en dos situaciones: la mayor parte de las compañías se tuvo que fusionar y, además, vieron cómo la rentabilidad de la actividad durante el 2011 se situaba en el nivel más bajo del país, con un promedio de un 4,4%, y muy por debajo de, por ejemplo, la minería, que llegó al 45,7%.
Sin embargo, el futuro de la actividad extractiva del país se ve promisoria. En entrevista con AQUA, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Rodrigo Sarquis, asevera que “contar con un marco regulador de largo plazo, que le dé estabilidad al sector, permitirá ir recuperando de a poco el sitial que tenía la pesca dentro de la importancia económica del país”.
¿Cómo definiría el periodo de discusión de la nueva ley de pesca?
Para efectos prácticos han sido dos años de un trabajo muy intenso. Debemos recordar que a principios de marzo del 2011 una empresa noruega realizó una consulta al Tribunal de la Libre Competencia y éste falló a fines de ese mismo año. Entonces, fueron como diez meses de análisis y procesamiento de información.
En base al fallo, que rechazó todos los planteamientos de la empresa noruega, el gobierno definió el proyecto de ley, que lo presentó en diciembre del 2011. Entonces, han sido dos años de arduo trabajo y de coordinación con muchas personas.
¿Qué opinión tienen en la Sonapesca sobre la ley que salió del Congreso en diciembre pasado?
Creemos que la ley aborda al menos tres aspectos que son importantes. Primero, está lo institucional, donde el gran cambio es que el Consejo Nacional de Pesca deja de tener un carácter resolutivo en la proposición y posterior definición de las cuotas de pesca. Esto se sustituye por once Comités Científico Técnicos, ocho para el área pesquera y tres para la acuicultura, y, por lo tanto, se le entrega al mundo científico un carácter de mayor fuerza del que ha tenido anteriormente.
En el mundo artesanal, hay una serie de aspectos positivos, partiendo con los nuevos fraccionamientos. Esto significará que este sector representará cerca del 60% de los desembarques del país. Esta es una realidad nueva para los artesanales que se ha ido construyendo en los últimos 20 años, ya que no podemos olvidar que, a comienzos de los ‘90, el volumen de ellos no llegaba al 5%.
Otros aspectos positivos son el Fondo de Desarrollo Pesquero Artesanal, el uso exclusivo de la primera milla y la incorporación del posicionador satelital.
Respecto del tema industrial, diría que las novedades, básicamente, son el haber mantenido los límites máximos de captura y que hoy pasaron a ser las licencias transables de pesca. Esto significa que las cuotas son divisibles y plenamente transferibles, lo cual es una señal de que el sector es más dinámico.
También se incorporó un sistema de licitaciones del 15%, tema donde la industria no está de acuerdo.
¿Por qué?
Nosotros sostenemos, hasta el día de hoy, que tenemos derechos de extracción otorgados desde la década del ‘40 y, por lo tanto, el Estado no puede o no debería haber licitado estos derechos sin una compensación en forma previa. Creemos que esto es una expropiación. Veremos en el tiempo cómo funciona este sistema.
Se dice que las causales de caducidad de las licencias que contiene la ley son muy estrictas. ¿Comparten dicha visión?
La ley del ‘91 reconoció al sector pesquero los derechos de uso indefinido sujetos a caducidades relacionadas más bien con el buen comportamiento pesquero. La novedad en este nuevo marco es que, además de mantener las normas del buen comportamiento, colocó otras que tienen que ver con el ámbito laboral, lo que creemos se vincula más con el Código del Trabajo que con la renovación o no de los licencias. Nosotros manifestamos la inconveniencia de esto, pero el Congreso determinó lo contrario y, por lo tanto, tendremos que trabajar con lo aprobado.
Ustedes pedían que las licencias de pesca mantuvieran su carácter de indefinidas, sin embargo, la nueva ley determinó que fueran a 20 años renovables. ¿Por qué sucedió esto con ustedes y no, por ejemplo, con los artesanales?
Esto es un inconsistencia y así se lo hicimos ver al gobierno, autoridades y al Congreso en las instancias en que nos convocaron. No conocemos otro sector de la economía chilena donde dos estamentos tengan régimen de acceso distinto. Para nosotros es un sistema bastante odioso y que no reconoce el esfuerzo hecho por la industria en los últimos 80 años a favor del desarrollo de las comunidades pesqueras del país.
Independiente de todo lo anterior, ¿cree que, con todos los cambio, entrarán nuevos actores a la actividad pesquera?
Todo el proceso de reestructuración empresarial que hemos tenido es un claro síntoma de los malos resultados económicos que ha tenido el sector. De hecho, la pesca es la que menos ha rentado en Chile en los últimos ocho años. Entonces, cualquier ser racional que quiera invertir dinero y que puede obtener una rentabilidad del 50% en la minería, versus el 4% de la pesca, lo pensará.
Estimo que acá solo entrarán nuevos actores en la medida de que haya una rentabilidad razonable.
Recientemente, un grupo de diputados y senadores presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la ley de pesca. ¿Cómo apreciaron esta situación?
Siempre estimamos que el tribunal no lo debería acoger y así sucedió. Tenemos argumentos sólidos para sostener que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no fue vulnerado en el proceso de la nueva ley de pesca. Respecto del segundo cuestionamiento, que tiene que ver con el artículo N° 26, es decir, con las licencias transables de pesca, nosotros sostenemos que éstas tienen más de 80 años en el país y que es un sistema muy similar al utilizado en otras actividades económicas de Chile.
¿Cree que en el futuro habrá nuevas regulaciones o el tema ya quedó totalmente zanjado?
En general, la nueva ley de pesca es bien completa y, por lo tanto, no vemos en el corto ni mediano plazo otra modificación. Todos los sectores necesitan certeza jurídica para su desarrollo y, por ello, no se pueden estar cambiando las leyes continuamente. Es bueno destacar, además, que el gobierno tramitó en paralelo otras leyes y que tienen que ver con la fauna acompañante y la disminución del descarte, así como con la protección de los ecosistemas marinos vulnerables, aspectos que contribuyen a la sustentabilidad, pero también a la solidez del marco jurídico del sector pesquero
Pero ahora vendrá la generación de reglamentos para implementar las leyes…
Por supuesto, y ese es el gran desafío. La autoridad tendrá una carga de trabajo importante para llevar a la práctica todas estas leyes. Por ejemplo, hay que echar a andar los Comités Científico Técnicos, donde se tendrán que hacer los concursos públicos y buscar a los científicos. Eso toma un tiempo y, en medio, hay que seguir tomando decisiones de administración pesquera. Obviamente, después habrá que evaluar todo periódicamente y en 20 años más uno mirará para atrás y verá los aciertos y las cosas negativas.
¿Cómo ha sido, en todo este proceso, la relación con las autoridades? ¿Quedó dañada producto de las diferencias?
Siempre hemos tenido una relación muy expedita. Nos hemos entendido con el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a través de un diálogo franco, donde han estado ellos y nosotros cada uno en su rol. Hay cosas en las cuales estamos de acuerdo y otras donde diferimos, pero el Congreso zanjó ese tema en la ley que todos conocen.
Si bien no compartimos algunas ideas de La Moneda, porque creemos que no tendrán buenos resultados, lo que corresponde ahora es ver cómo funcionará el sistema y cada uno tendrá que hacerse cargo de los resultados. No creo que sea razonable un comportamiento distinto. Hay que dar vuelta la página, mirar hacia adelante y seguir trabajando por el sector y el país.
¿Cómo advierten el 2013?
Todavía es muy temprano para dar una proyección. Con la ley ya promulgada y la ORP en funcionamiento, el tema legal se verá, de alguna forma, concluido, y eso dará una señal positiva para recuperar el sector.
