“El inquietante derrotero que tomó la ley de pesca en el Senado”
En la raya para la suma, el proyecto de ley que el gobierno sometió a la votación de la Cámara Alta es muy favorable para la pesca artesanal. Ello, pues además de consagrar su operación exclusiva en las 5 primeras millas marinas, le traspasa porcentajes de pesca desde el sector industrial en las principales especies compartidas, como jurel, merluza común y de cola; pero sobre todo en sardina y anchoveta, en las cuales los artesanales quedarán con tres cuatros de la cuota global. De hecho, el Ejecutivo ha destacado que con tales incrementos la participación artesanal en el total nacional aumentará del 52% a poco más del 55%.
En los últimos dos años la discusión en torno a la ley de pesca se había restringido a los márgenes de la prensa escrita, dada su especificidad y complejidad técnica, económica, legal y social. Sin embargo, en los tres últimos meses el país ha sido testigo de una agresiva campaña por redes sociales que busca politizar el tema, presentando el debate como una suerte de “gallito” entre el gobierno y la Concertación por un lado (personificado en el ministro de Economía, Pablo Longueira), y como una presunta superposición de los intereses industriales a los artesanales por otro.
Esta campaña buscaba lograr la subasta de las cuotas de pesca, modalidad de adjudicación que no se aplica en los demás países, pues allí -como en Chile- éstas se han entregado a los pescadores existentes proporcionalmente a su participación en cada recurso. La Cámara de Diputados, donde el tema es más sensible por la mayor cercanía que varios de sus miembros tienen con las comunas pesqueras, entendió que la subasta ponía en riesgo el empleo tanto en el sector industrial como artesanal, y por ello la rechazó en todas sus formas.
Sin embargo, el gobierno repuso ante el Senado su esquema original, según el cual se podría realizar subastas cuando la disponibilidad de un recurso sobrepase el 85% de un umbral llamado “rendimiento máximo sostenible”. Con ello, el Ejecutivo cedía a las presiones de quienes querían licitar, pero sólo cuando las especies sobreexplotadas probasen estar en franca recuperación. Dicha fórmula fue acogida por el Senado, pero a ella se sumó otra indicación fruto de un acuerdo político que permite licitar un 15% de la fracción industrial al cabo de tres años a todo evento.
Si se considera que este proyecto de ley se promovió como uno enfocado a conservación, no parece consecuente que las subastas se desmarquen de ese principio rector. De hecho, si la Cámara de Diputados no corrige este punto, fruto de una campaña que apeló a la emotividad y no a la racionalidad fundamentada, lo más probable es que los trabajadores del sector sufran el impacto de esa medida, como han advertido a la prensa junto a parlamentarios de la zona y el alcalde de Talcahuano.
Así, un proyecto difícil de entender, podría concluir con consecuencias lamentablemente muy comprensibles para muchos trabajadores pesqueros”.
