Proyecto de Ley de Pesca
La fecha comprometida para despacharlo al Congreso es el próximo lunes. Así, a nivel de Gobierno estarían zanjados los temas de fraccionamiento, licitaciones, gravámenes y otros, que tanta controversia han provocado. Es un avance, pero la discusión parlamentaria se augura larga y compleja, por la multiplicidad de objetivos e intereses involucrados. En el pasado, las leyes de este sector han cambiado muchísimo en su paso por el Congreso.
Según el proyecto, crece la fracción de pesca reservada a los artesanales, se entregan derechos de pesca permanentes a quienes hoy tienen cuotas y se introducen subastas para asignar derechos adicionales, permanentes y anuales, pero sólo en pesquerías que estén en condiciones aceptables de sustentabilidad. En el jurel, por ejemplo, presumiblemente no habrá subastas por largo tiempo. Con todo, hay molestia entre quienes entendieron que el acuerdo de fraccionamiento evitaría la introducción de subastas.
Un elemento central del proyecto es la reforma al impuesto específico del sector, para convertirlo en una herramienta más idónea para gravar eventuales rentas extraordinarias. Se introduce un componente variable que depende del valor del recurso extraído -una suerte de royalty -, que se aplicaría a las licencias históricas, y pierde importancia relativa la parte fija del impuesto, por la vía de eliminar la patente a las naves en desuso. El ajuste parece bien concebido, pero falta conocer el detalle.
Más allá de cómo se repartan los derechos o se graven las rentas, para la sustentabilidad -que debiera ser el principal objetivo de una regulación pesquera- lo más importante es que se fije bien la extracción máxima permitida, esto es, las cuotas globales. El procedimiento actual es poco transparente, no permite distinguir claramente si la cuota obedece a criterios científicos de sustentabilidad o a consideraciones de otra índole (como la necesidad de mantener cierto nivel de actividad y empleo), y posibilita que los directamente afectados incidan en su determinación. Dado el estado de algunas pesquerías, es claro que con ese procedimiento en ocasiones se autorizó más que lo recomendable, por lo que los ajustes en este campo son de gran importancia.
En particular, convendría fortalecer y transparentar la labor del Instituto de Fomento Pesquero, que evalúa el estado de las pesquerías y recomienda los niveles de extracción óptimos desde el punto de vista biológico. También la Subsecretaría de Pesca, que finalmente determina las cuotas, debiera ser fortalecida. Es de esperar que los aspectos de fortalecimiento institucional y gestión pública, decisivos en la práctica, tengan también cabida en la discusión parlamentaria de este proyecto.
