Pesca industrial enfrenta royalty de US$ 29 millones este año
Sector cuestiona este impuesto específico que se aplica sobre cuotas asignadas y no efectivamente desembarcadas. Plantean que se corrija el sistema.
A dos semanas de que entre en vigencia la ley que restringe la captura de la jibia, las pesqueras industriales recibieron otra noticia que les preocupa: el pago del impuesto específico que deben cancelar los titulares de licencias transables de pesca clase A.
Este gravamen anual, conocido como royalty, comenzó con la polémica ley sectorial que rige desde 2013, y el monto global que debe cancelar el rubro —hoy vence el plazo— suma $19.783 ,7 millones, aproximadamente US$ 29 millones. Este gravamen equivale al 4,2% del valor de mercado de las toneladas asignadas a las empresas, pero independiente de si las cuotas de pesca concedidas se pueden o no efectivamente extraer. En 2018, las compañías más grandes del rubro pagaron también cerca de US$ 29 millones, más del doble que los US$ 13,1 millones de 2016.
Según se desprende de un listado publicado en el Diario Oficial, la firmas Orizon y Corpesca, ligadas al grupo Angelini, pagarán entre ambas el 36% del monto global, mientras que Camanchaca —relacionada a la familia Fernández—, el 21%. Las cinco compañías que más deben desembolsar por este tema suman el 70% del impuesto que debe cubrir la industria.
Gremios y empresas del sector cuestionan este gravamen y el fuerte aumento que se ve reflejado especialmente en algunas pesquerías, como el jurel y la merluza de cola de ciertas regiones, donde el alza del tributo se acerca al 300% al comparar 2014 con 2019.
El gerente general de Sonapesca —el mayor gremio pesquero industrial—, Héctor Bacigalupo, comenta que el royalty “es una carga extremadamente pesada, es un impuesto a todo evento, que se aplica sobre las cuotas y no sobre los desembarques reales”.
Bacigalupo afirma que la rentabilidad de las empresas “prácticamente ha desaparecido” por esta y otras cargas.
La presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Macarena Cepeda, asegura que el royalty que pagan las pesqueras es más alto que el de otros sectores productivos en el país. También indica que la carga impositiva local es más elevada que la de otros países pesqueros con los cuales compite Chile.
El gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne, señala que en las dos pesquerías que opera —merluza común y merluza de cola—, los impuestos han subido sostenidamente y hoy representan más del 10% del precio internacional de los productos congelados que exporta. Agrega que es una cifra “desmesurada” que no les permite generar renta y “deja a la empresa en una situación muy compleja y con su sustentabilidad económica amenazada”.
Corpesca precisa que los $2.072 millones en royalty para este año consignados en el listado publicado en el Diario Oficial son solo una parte y dice que el total asciende a $5.527 millones. La compañía pesquera indica que entre 2015 y 2018 pagó US$ 25,1 millones entre patente única e impuesto específico, mientras que en igual período registró pérdidas por US$ 100,2 millones.
Plantean que carga sea a utilidades
El gerente general de Camanchaca, Ricardo García, señala que el impuesto específico y la patente pesquera representan el 82% del costo de captura en el caso del jurel. “Es abusivo y discriminatorio”,dice.
En 2033, las empresas perderán el derecho a la renovación automática de sus licencias de captura, pero dejarían de pagar el impuesto específico debido a los cambios a la ley que se tramitan en el Congreso. La presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, señala que eso último es “algo carente de valor” para el momento actual del sector.
En PacificBlu y Corpesca plantean que se debe corregir el royalty. Esta última estima que se debe determinar “en una cuantía razonable sobre utilidades efectivas” y no sobre la cuota de pesca teórica asignada.
Fuente: El Mercurio
