Pesca: Acuerdo y alcances
Urge una nueva ley, y para eso se requiere que el Ejecutivo envíe pronto el proyecto y que el Congreso lo tramite antes de que venza el plazo. Históricamente, la tramitación parlamentaria de las leyes de pesca no ha sido fácil, y esta vez el debate prelegislativo ha sido intenso y lleno de aristas.
Especialmente sensible es la posibilidad de subastar los derechos individuales de pesca. Involucrados y expertos han planteado sus posturas divergentes, y el tema fue incluso llevado al Tribunal de la Libre Competencia, que al menos despejó un punto: las subastas no son necesarias para lograr mayor eficiencia y competencia. Sí son un mecanismo para socializar las eventuales rentas económicas que la actividad genere (si se subasta al mejor postor), objetivo transversalmente reconocido como necesario.
Existen, sin embargo, herramientas alternativas igualmente idóneas, y quizá superiores, para conseguir tal objetivo, en particular en el escenario actual de algunas pesquerías totalmente sobreexplotadas. El gobierno ha sido vago respecto de las subastas, y la ciudadanía todavía espera que se pronuncie de modo concreto sobre asignación de derechos y gravamen de eventuales rentas.
En este cuadro, con miras a conseguir consensos que faciliten la tramitación parlamentaria de la ley, el ministro de Economía habría ofrecido a los industriales no incluir las subastas si llegaban a acuerdo con los artesanales respecto del fraccionamiento de las cuotas, anticipando una negociación que siempre ha acompañado los cambios normativos y que ha llevado a que la fracción reservada a artesanales crezca con cada ajuste. Tras varias semanas de ardua negociación se logró acuerdo, pero cabe preguntarse sobre sus alcances. Por una parte, la mesa de negociación seguirá funcionando, y diferencias en otras materias podrían debilitarla. Por otra, desde el Congreso han advertido que no están obligados a suscribirlo y que pueden reponer los temas vía indicaciones. Además, un grupo de parlamentarios ingresó una moción que no sólo incluye las subastas, sino que las propone para asignar progresivamente toda la cuota industrial y con criterios de adjudicación múltiples (no solo pago). Y, aparentemente, en el propio Ejecutivo este tema no estaría del todo zanjado y aún se revisarían alternativas.
Es valorable que el Gobierno haya instalado la mesa de negociación para escuchar a los afectados y sumar respaldos para su proyecto, lo que podría redundar en una tramitación más expedita. Pero la experiencia en educación y en otros temas parece sugerir que los acuerdos extraparlamentarios no necesariamente se convierten en ley, en especial si no abarcan todas las materias pertinentes. De allí, que sea indispensable que el Ejecutivo dé a conocer pronto un proyecto de ley completo y justificado, que pueda ser analizado en su conjunto.
