Nueva ley de pesca: un proyecto que beneficia a todos
El proyecto cambia de manera sustancial la forma en que se han hecho las cosas las últimas décadas, donde las consideraciones políticas han primado por sobre las de carácter técnico y la fiscalización y las sanciones han resultado insuficientes, produciendo la sobreexplotación y el colapso de las pesquerías más importantes del país.
Teniendo en cuenta estas falencias, la nueva ley incorpora el concepto de Rendimiento Máximo Sostenible, un parámetro internacional que, a partir de información técnica, establece el máximo nivel de captura recomendable para cada especie. A partir de este nivel se podrá determinar el estado de las pesquerías nacionales y la necesidad de implementar programas de recuperación.
El Consejo Nacional de Pesca dejará de tener poder resolutivo y se creará un Panel de Expertos que, considerando antecedentes científicos, técnicos y sociales, establecerá un rango dentro del cual la autoridad deberá fijar la cuota global de captura y que tendrá carácter mandatorio, reduciendo la
discrecionalidad y aumentando la transparencia de las decisiones.
Como ministerio somos conscientes de la necesidad de dar mayor dinamismo y desarrollo a este sector. Uno de los avances fundamentales de la ley en este sentido es que perfecciona los derechos de pesca de los industriales, desvinculándolos de las naves y haciéndolos plenamente transferibles y divisibles. Esto, junto con la obligatoriedad de licitar derechos de pesca cuando las especies se hayan recuperado de la sobreexplotación, facilitará el acceso de nuevos actores a esta actividad.
En reemplazo del sistema antiguo, se crean tres tipos de licencias: las de tipo A, de duración indefinida, que reconocen los derechos históricos de los industriales; las de tipo B, que resultan de la licitación de un 15% del total de la cuota de los industriales, en aquellas pesquerías que han recuperado el 85% de su Rendimiento Máximo Sostenible, y las de tipo C, que son eventuales y sólo se entregarán por un año, cuando una especie supere el nivel máximo de captura recomendado.
A partir de esta ley, todas las embarcaciones industriales que registren actividad deberán pagar una patente. Se crea un impuesto específico o royalty para las licencias de tipo A, que se cobrará en función de las toneladas de cuota asignadas. Las licencias tipo B pagarán este mismo impuesto después de 10 años.
Este texto reconoce la heterogeneidad del sector artesanal y distingue entre los pequeños pescadores artesanales —con embarcaciones de menos de 12 metros—, para quienes establece la exclusividad de la explotación de la primera milla marina y exige la contratación de seguros de vida para los tripulantes, y los grandes pescadores artesanales —con naves de entre 12 y 18 metros—, a quienes les exige el pago de patente, la utilización de posicionador satelital y la certificación de sus desembarques o capturas.
Para esta iniciativa se han alcanzado acuerdos históricos, como la cesión de parte de la cuota de captura de los industriales a los artesanales, valorizada en 34 millones de dólares. Queremos que este traspaso no impacte negativamente en el sector industrial, del que dependen más de 70 mil familias en Chile, por lo que hemos creado una plataforma social para los trabajadores que puedan resultar afectados.
Esperamos que este proyecto tenga una buena acogida por parte del Poder Legislativo, ya que vela por los intereses propios y naturales de este sector productivo, sentando las bases para un cambio que tiene por objetivo garantizar la sustentabilidad de un recurso que pertenece a todos los chilenos.
