Mayor gremio pesquero advierte que fin de pesca de arrastre acabaría con 20 mil empleos
La agrupación empresarial asegura que la autoridad no tiene fundamentos “científicos ni técnicos” para restringir este sistema de captura que representa cerca del 15% de las exportaciones del sector.
Fuente: Marco Gutiérrez V.
El Mercurio
La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), federación gremial que agrupa a los principales actores del rubro industrial y también a pymes, está preocupada por uno de los proyectos que impulsa el Gobierno en materia pesquera: terminar con la pesca de arrastre, limitándola solo a una denominada “huella” que equivale al 2% de la zona marítima chilena, distribuida de norte a sur del país.
La medida anunciada a inicios de este mes por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) -y que se oficializaría en septiembre- alude a un mecanismo de captura que ha sido cuestionado por afectar el medio ambiente, pues degradaría el suelo marino, destruiría hábitats y capturaría, sin distinción, especies juveniles o que son objetivo. Incluso, esa repartición aventuró que a futuro podría terminarse totalmente con el arrastre.
Pero Sonapesca advierte que el cese del arrastre afectará negativamente a la actividad económica vinculada a esta pesca en siete comunas del país principalmente, donde podrían verse impactados o bien destruidos en torno a 20 mil empleos directos e indirectos.
Según una minuta del gremio, las comunas y los empleos -aproximados- involucrados son: Coquimbo (5.540), Quintero (970), Tomé (1.820), Talcahuano (3.000), Coronel (3.760), Aysén (2.630) y Punta Arenas (2.360). La Región del Biobío sufriría el mayor golpe con cerca de 8.600 puestos de trabajo afectados.
“La pesca de arrastre no solo son los barcos, sino que genera un movimiento en las comunas donde opera”, comenta el gerente general de Sonapesca, Héctor Bacigalupo. Agrega que hace unos días “un representante de una empresa proveedora nos dijo que esto era lamentable y si ustedes se resfrían yo me muero”.
Bacigalupo explica que las empresas que operan en la pesca de arrastre lo hacen con una flota cercana a 36 embarcaciones. Indica que los principales actores son Camanchaca, PacificBlu, Friosur, Pesquera Quintero y Landes, entre otros.
Las ventas del rubro que ocupa dicha técnica de captura ascendieron a cerca de US$ 163 millones el año pasado, lo que representa en torno a 15% de las exportaciones del sector pesquero extractivo.
El ejecutivo sostiene que la actividad de pesca de arrastre deja en promedio $10 mil millones por año en las siete comunas, donde operan unos mil proveedores de bienes y servicios.
En Sonapesca explican que, a nivel mundial, el 80% de la pesca para consumo humano proviene del segmento de arrastre. Añaden que de los 34 países que integran la OCDE, 26 de ellos tienen industria pesquera extractiva y en ninguno se prohíbe el arrastre, sino que se regula.
Héctor Bacigalupo señala que las regulaciones están relacionadas con que esa actividad no se realice en zonas con arrecifes de corales -que no existen en Chile- o en general en ecosistemas marinos vulnerables.
“La autoridad parte de la base de que hay que cerrar y limitar, pero nos gustaría saber por qué, porque las razones que escuchamos son mitos, informaciones de 50 años atrás que son buenos eslóganes, pero que no tienen un fundamento científico ni técnico”, afirma Bacigalupo.
Sostiene que en nuestro país la mayor parte de los lugares donde opera la pesca de arrastre posee fondos marinos con arena y fango. Agrega que en Chile entre 90% y 98% de los recursos extraídos con este sistema corresponde a la especie objetivo y el resto a “fauna acompañante”, que es regresada al mar.
Añade que las redes que hoy se utilizan son más eficientes y “no tienen nada que ver con las de hace 30 años”.
Bacigalupo afirma que si Subpesca insiste en restringir estas operaciones, analizarán utilizar la vía judicial para oponerse.
En el gremio indican que existe incertidumbre en el rubro por el proyecto de “ley corta” que se tramita en el Congreso que termina con la renovación automática -luego de 20 años- de los permisos de captura en el sector industrial y otro que limita la captura de la jibia solo a métodos artesanales. Se “genera incerteza jurídica, se paralizan las inversiones”, afirma Bacigalupo. Recuerda que Camanchaca indicó que está evaluando sus planes.
