Ley de Pesca, un cambio impostergable
Muchos se preguntarán hoy por qué existe tanta conflictividad cuando se tramitan modificaciones a la Ley de Pesca. Nos hemos acostumbrado a ver cada cierto tiempo -independiente del gobierno de turno- cómo se movilizan sus actores en las calles y en los puertos, llegando en no pocas veces a quemar embarcaciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque este debe ser el único sector de nuestra economía donde sus actores -artesanales e industriales- pueden presionar a la autoridad política para conseguir sus objetivos, como aumento de cuotas, sin que haya más peces en el mar; disminución de tallas en diferentes pesquerías, sin ningún estudio que los respalde; modificaciones de las vedas biológicas, sin respaldo científico, por mencionar algunos.
Estos actores, en instancias resolutivas como el Consejo Nacional de Pesca (CNP), deciden aspectos fundamentales de este sector. Y como la autoridad política siempre termina cediendo -especialmente en los años electorales-, finalmente todo ello se ha hecho a costa del recurso pesquero. Lo que hace este proyecto de ley, que el Presidente de la República envió al Congreso, es establecer como objetivo la sustentabilidad de sus recursos. Coherente con esa definición, que se incorpora en su primer artículo, se derivan un conjunto de cambios en nuestra institucionalidad y en las exigencias que deben cumplir sus actores; es decir, a aquellos que los chilenos, a través de la regulación que fija el Estado, les otorgamos los derechos a extraer esos recursos.
Los actores -sean artesanales o industriales- y la autoridad política, saldrán de la toma de decisiones. Se mantiene el CNP sólo como ente consultivo y se crean once comités científicos técnicos, vinculados a las pesquerías del país, donde radicarán todas las decisiones que deberán ser sustentadas con informes, fruto de investigaciones que jamás hemos hecho.
Para ello incorporamos en este cuerpo legal las definiciones y conceptos de todos los países pesqueros más avanzados en la sustentabilidad de sus recursos, y las recomendaciones que en este sentido ha publicado la OCDE. Por primera vez integraremos conceptos como el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), los Puntos Biológicos de Referencia, entre otras definiciones, que son fundamentales para saber el estado de nuestras pesquerías y tomar las decisiones para que aquellas que están colapsadas o sobreexplotadas, como lamentablemente ocurre en la actualidad con nuestras principales pesquerías, podamos hacer los planes para recuperarlas y llevarlas a su óptimo biológico y económico, que se encuentra en el RMS de cada pesquería. Este cambio institucional, en que muchos actores perderán poder, explica -en parte- el conflicto actual.
El cambio institucional que proponemos finalmente consiguió la unanimidad en la tramitación legislativa, pero carece de todo sentido hacer este cambio si no exigimos a los actores más relevantes ciertas exigencias vitales para garantizar la sustentabilidad de los recursos, mediante instrumentos que nos permitan saber qué, cuánto y dónde pescan.
¿Quiénes son los actores relevantes de la pesca en nuestro país? Chile es el único país del mundo que tiene dos categorías: industriales (naves que superan los 18 metros de eslora) y artesanales (naves con menos de 18 metros de eslora). Hoy los industriales desembarcan el 48 por ciento y los artesanales el 52. El proyecto propone un fraccionamiento mayor para los artesanales (porcentaje de una pesquería entre los sectores). De aprobarse, el próximo año el sector artesanal desembarcará el 55 por ciento y el resto la industria.
Todas las naves -independiente de su tamaño- deben estar inscritas en un registro. Existen 384 naves industriales y 13.073 artesanales. De estas últimas, 1.268 están entre los 12 y 18 metros, y las 11.805 restantes son embarcaciones menores a 12 metros. A estas últimas, que representan el 90 por ciento y sacan sólo el 10 por ciento de los desembarcos, no sólo no les pedimos ninguna exigencia adicional en esta ley, sino que les reservamos la primera milla.
De lo anterior se puede concluir que el sector industrial desembarcará el 45 por ciento del recurso pesquero, los artesanales grandes, con naves entre 12 y 18 metros, el 50 por ciento, y los artesanales chicos (boteros) el 5 por ciento. Si queremos garantizar los recursos pesqueros, debemos fiscalizar al menos a los que extraen el 95 por ciento. Es por ello que estamos solicitando que las naves de la flota industrial y artesanales grandes certifiquen sus capturas, para saber qué y cuánto desembarcan, e incorporar Posicionador Satelital para saber dónde pescan. La industria hoy lo tiene, los otros no. Esto explica gran parte de las dificultades para avanzar en algo que ya no podemos eludir por el bien de ellos mismos. Los grandes beneficiados con esta ley serán precisamente los que viven de esta actividad.
