Ley de Pesca, buscando la sostenibilidad
En los últimos meses, poco a poco se han ido promulgando los artículos que modifican la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en el área extractiva y que buscan priorizar los criterios y las recomendaciones científicas por sobre las consideraciones políticas o comerciales en la toma de decisiones, tales como el establecimiento de cuotas de captura o vedas.
Es así que en el segundo semestre de 2013 se crearon los once Comités Científicos Técnicos (ocho de pesca y tres de acuicultura), integrados por expertos en el tema, los que –en el ámbito de la pesca– deberán pronunciarse respecto de la disponibilidad de recursos, los Puntos Biológicos de Referencias (PBR) y las cuotas de captura.
De igual manera se ha ido implementando la Ley de Descarte y el desarrollo del Programa de Investigación en las pesquerías seleccionadas el 2013 (merluza común, merluza de cola, langostino colorado, langostino amarillo y camarón nailon), proceso que ha incluido una serie de reuniones y talleres en terreno, destinadas a sociabilizar la normativa y sensibilizar y educar a los usuarios.
En el marco de la ley también existe una iniciativa para impulsar en todo el territorio costero el cultivo y repoblamiento de algas, a través de un proyecto que pretende fortalecer a este sector con iniciativas de pequeña escala que permitan abastecer la demanda de estos recursos para usos alimenticios, farmacéuticos y para la generación de biocombustibles. A lo anterior, se suma la creación del Instituto de Desarrollo para la Pesca Artesanal y la Acuicultura de Pequeña Escala (Idepa) que busca apoyar los emprendimientos y desafíos del rubro.
Paralelamente, el 100% de la industria pesquera optó por Licencias Transables de Pesca (LTP) al cumplirse los seis meses de plazo, lo que implicó el abandono de los derechos históricos.
Complejidad
Aunque cabe consignar que la implementación de la ley es compleja por la gran cantidad de reglamentos y normas que deben redactarse y publicarse para echar a andar todos los mecanismos que contempla, ¿se estará haciendo con la velocidad que necesita un sector que viene golpeado desde hace años?
El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Rodrigo Sarquis, sostiene que se ha avanzado “bastante” en este período, así como la implementación del programa de observadores científicos ya en funcionamiento. “La autoridad ha hecho un importante esfuerzo para avanzar en las distintas áreas y desde el sector privado hemos cooperado en todos aquellos temas donde podemos hacerlo. En otras materias hay atrasos, como en la confirmación de los Comités Científicos Técnicos, que fueron llamados a postular recién en septiembre, siendo que deben fijar las recomendaciones de cuotas de captura en noviembre”, puntualiza Sarquis, para quien independiente de lo anterior, lo primordial fue haber puesto el énfasis en la ciencia.
Otro que comprende la complejidad de la ley, y que haya artículos que por propia disposición jurídica tarden hasta dos años en entrar en funcionamiento, es el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada. “Hubiéramos querido una relación más expedita y un conocimiento oportuno de algunos reglamentos y otras normas a través de las cuales la ley se va aplicando; así podríamos haber hecho oportunamente observaciones que habrían corregido algunos errores que esta contiene. No obstante, destacamos y agradecemos la sostenibilidad que persigue”, argumenta Moncada, quien en julio de este año pasó a encabezar la Asipes tras más de dos décadas de labor gerencial.
En el lado artesanal también valoran la injerencia que se les ha concedido a los científicos, sin embargo, estiman que el conocimiento empírico de los dirigentes no debe ser excluido. “Aún es tiempo que lo hagan y así darle un carácter más democrático a esta labor”, dice el presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach), José Barrios.
Por su parte, la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Zoila Bustamante, añade que existen otros temas pendientes, como la metodología para establecer los caladeros de pesca, cuestión que, desde su óptica, fundamental para dar equilibrio a los procesos de ordenamiento en el sector acuícola, “ya que mientras más profundidad tienen las zonas de cultivo, más impactan los caladeros de pesca artesanal, especialmente sobre los recursos demersales”.
Desde el Gobierno responden que los tiempos de respuesta han estado acorde con la magnitud del trabajo realizado, “primero durante la tramitación de la ley, que contó con la participación de más de 150 organizaciones, y luego con la elaboración de más de 15 reglamentos que permiten darle operatividad”, aduce el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Galilea.
LTP
Uno de los puntos que marcó la agenda pesquera durante el primer semestre fue la decisión de todos los armadores industriales de acogerse a las Licencias Transables de Pesca, las cuales, a diferencia de los derechos históricos, tienen un plazo renovable de 20 años, salvo que incurran en faltas laborales, pesqueras o ambientales.
“El poder transar estas licencias fomentará la incorporación de nuevos actores, quienes además podrán integrarse a la industria a través de los procesos de licitaciones que contempla la ley”, asegura Pablo Galilea, añadiendo que además entrega mayor certeza jurídica al sector, “permitiendo adquirir más valor de ese derecho por la vía de la transferibilidad y la flexibilidad que se da al poder vender esa cuota, arrendarla o dividirla”.
A juicio de los industriales, lo anterior ayudará para que las diversas compañías puedan ir acomodándose a su capacidad de operación y a la necesidad de que las cuotas sean capturadas en su totalidad, para luego ser destinadas a elaborar productos de la mejor calidad posible y con buen precio.
“Desde ese punto de vista, el separar las cuotas de pesca de los barcos es un avance importante que sin duda ha influido en que los armadores industriales decidieran trasladarse en su totalidad al nuevo régimen”, puntualiza Luis Felipe Moncada, mientras que Rodrigo Sarquis agrega que es adecuado que se fijara un horizonte de largo plazo que permita “favorecer la planificación y las decisiones empresariales”.
En el sector artesanal ocurre algo similar con los asignatarios individuales y colectivos contemplados en el Régimen Artesanal de Extracción (RAE), participación que, de acuerdo con la presidenta de la Conapach, “permite programar el funcionamiento de los armadores y la oferta disponible”.
Eso sí, según José Barrios de la Confepach, las LTP favorecen a los armadores “pero dejan desprotegidos a los tripulantes”, por lo que llamó a revisar este último ítem, fundamentalmente en el área de los derechos laborales.
Relación industriales-artesanales
Si hasta antes de la nueva ley estaba en el subconsciente colectivo la tirante relación entre industriales y artesanales, la Mesa Pesquera convocada por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, fue una positiva instancia para aunar voluntades y que, para muchos, es el camino necesario si se quieren recuperar las pesquerías.
“La mesa ayudó para consensuar visiones y establecer porcentuales de fraccionamiento que todos confiamos en que serán respetados. Además existe una buena relación entre ambos rubros, ya que la gran mayoría de los recursos extraídos por la pesca artesanal son procesados por los industriales”, comenta José Barrios.
En la misma línea, el presidente de la Sonapesca, Rodrigo Sarquis, asevera que en regiones existe una importante conexión. “La industria compra los desembarques artesanales, transformándolos en productos de exportación que luego son vendidos a más de cien países”, subraya el timonel del gremio industrial que también acoge a entidades acuicultoras.
Jurel: Nave insigne
Durante la tramitación de la ley, el recurso que se transformó en la nave insigne para implementar cambios significativos fue el jurel. Es que atrás quedaron los tiempos en que Chile era el principal productor de harina de pescado, merced de los 4,5 millones de toneladas anuales extraídas de la especie. Fruto de la escasez, ahora entre pesca comercial y cuotas científicas se capturan entre 250.000 toneladas y 280.000 toneladas, las cuales son destinadas en su totalidad a consumo humano.
Al ser un pez transzonal que entra y sale de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), Chile reforzó –en el marco de la discusión de la nueva Ley de Pesca– su participación en la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP-PS), cuyo objetivo es establecer las cuotas para los países y, según sus bases, garantizar en todo momento la sostenibilidad. No obstante este postulado, los representantes nacionales son críticos a la hora de evaluar algunas políticas.
“Si las cifras de captura no se respetan por alguno de los países que han participado en la negociación de ella, como por ejemplo Perú, la ORP-PS tiene poco sentido, ya que un actor relevante en esta pesquería estaría evitando cumplir con las medidas de conservación que son esenciales para la recuperación de este recurso gravemente dañado por la flota factoría extranjera que operó en los últimos diez años más allá de la ZEE”, enfatiza el presidente de la Asipes, Luis Felipe Moncada.
En tanto, la timonel de la Conapach, Zoila Bustamante, dice que absteniéndose de la situación de Perú, que continúa administrando su ZEE con independencia de las cuotas que fije la ORP-PS, “esta entidad internacional puede contribuir a la sostenibilidad de las pesquerías transzonales porque regula altamar y eso constituye un avance. No podemos pensar que solo con medidas unilaterales vamos a recuperar el jurel”, puntualiza la dirigenta artesanal.
Ahonda en que la situación con Perú es más compleja, ya que ambos países debieran avanzar en el manejo conjunto de la anchoveta como especie compartida en la zona norte, al igual que con el jurel dentro de las ZEE. “Para esto deben activarse mecanismos bilaterales, sin perjuicio de los espacios que genera la participación en la ORP-PS, pero que en estas materias carecería de competencia a nuestro juicio”, concluye la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.
El llamado es a trabajar unidos en todos los frentes y con la inclusión de cada uno de los actores, nacionales e internacionales. Y, una vez que la ley está funcionando con plena aplicación, evaluar si efectivamente es garante de la sostenibilidad.
