Ex ministro Rodríguez Grossi defiende sistema de cuotas de pesca y cuestiona licitaciones
Por Jorge Isla
Pese a que en los últimos meses ha estado lejos de la esfera noticiosa en la que participó como ex ministro de Energía de Lagos y presidente de Ferrocarriles en el gobierno Bachelet, el economista Jorge Rodríguez Grossi, sigue activo en el ámbito de las políticas públicas. El actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de U. Alberto Hurtado pasó a integrar el recién estrenado comité estratégico de la estatal ferroviaria (ver recuadro) y es un referente en dos de los mayores polémicas surgidas en el ámbito empresarial: la instalación de centrales termoeléctricas y la proyección del sistema de cuotas que rige a la industria pesquera desde 2002.
Mientras Rodríguez, no ha tomado parte del debate energético –cuyo papel como activo promotor de las centrales en su rol de ministro le ha valido críticas de ecologistas– sí entró a fondo las reglas para la extracción industrial de recursos marinos. Y lo hace defendiendo el sistema de cuotas, del cual es uno de sus autores, saliendo al paso de los intentos de reforma desde varios frentes: desde la ofensiva de la noruega Lota Protein por cambiar este régimen por licitaciones –reclamo que llevó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia– a las decisiones que está tomando el gobierno sobre el futuro de los Límites Máximos de Captura (LMCA) que expiran en 2012, tema que abordará en un proyecto de ley que está ad portas de enviar al Congreso.
Rodríguez pone el foco en la defensa del régimen de LMCA que califica de “imbatible para incentivar la eficiencia en la extracción, producción, valor agregado y empleo”, punto desde el cual critica la idea de reemplazar las actuales cuotas por un esquema de licitaciones. “La pregunta es ¿seguimos con el régimen de cuotas o no? y quienes quedan con esa asignación. Este tema no debiera volver a discutirse, lo que más conviene es tener cuotas para siempre, porque han demostrado ser exitosas por todos lados”, asevera. Y más aún, es partidario de profundizar el esquema aumentando su flexibilidad posibilitando la transferencia de cuotas entre privados.
–¿Sobre qué fundamenta esta defensa al actual sistema?
–Ha cambiado la manera de organizar la captura y el procesamiento de los insumos: con los mismos pescados producimos más y con menos buques, cuyo número se redujo prácticamente a la mitad; cadenas productivas mejor construidas y vinculadas con el exterior, con una harina de pescado prime mucho más valiosa. Ese esquema es mucho mejor que lo que había antes y así debiéramos seguir organizándonos para adelante.
–¿Por qué se opone a las licitaciones?
–La pregunta es ¿vamos a licitar cuotas perpetuas a algunas para que luego de un cierto tiempo haya que volver a venderla? ¿Qué pasaría con la industria forestal si en vez de tener dueños de plantaciones tuviéramos unas especies de arriendos por 5 años? Nadie plantaría bosques por un plazo mayor que ese. Y si esto se va a licitación tengo clara conciencia de que va a haber elementos muy activos tratando de defender derechos históricos.
–Pero las licitaciones se ven más transparentes…
–Es legítimo preguntarse por qué no hacer esto en forma completamente abierta. Y si estuviéramos partiendo, no me cabe duda de que eso seria lo mejor, pero estamos en medio de una industria que ya tiene muchos años de funcionamiento. No es tan fácil y decir borrón y cuenta nueva, que no sería gratis para el país.
–¿Cuál es el riesgo de no seguir adelante con el sistema actual?
–Si desapareciera el sistema de cuotas, el gran riesgo es que se vuelva a la carrera olímpica con una pesca muy intensa al inicio de los períodos y mucho desempleo en el resto. Se necesitaría el doble de barcos y, lo que es peor, se romperían muchos de los vínculos internacionales generados a partir de una industria mucho más estable.
–Los industriales también piden que se otorguen derechos permanentes ¿está de acuerdo?
–No veo por qué no. El problema que uno podría plantearse es por qué le vamos a dar a alguien un derecho permanente, y ahí va a venir una discusión jurídica. Uno puede tener derechos de pesca transables –de hecho, hoy hasta se pueden arrendar los derechos– al final el mercado encuentra la forma de usar mejor los recursos. No he podido encontrar una razón ética o de fondo para decir que esto no se puede.
–¿Es partidario una mayor flexibilidad permitiendo el traspaso de derechos, como lo plantean los privados?
–¿Por qué en todos los demás sectores uno puede comprar y vender derechos y en este no? Si uno quiere hacer del sector de pesca un tremendo sector económico chileno y sobre todo con un rol internacional, bueno démosle una buena organización y eso requiere flexibilidad, que uno pueda entrar a vender o a comprar.
