La “clase media” de la pesca factura hasta $300 millones por lancha
Pablo Obregón y Miriam Leiva
El martes pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Pesca, conocido como la Ley Longueira. Y ese mismo día, el Gobierno y una fracción de los pescadores artesanales se declararon una guerra abierta a través de declaraciones y cifras sobre la mesa.
Estas cifras sirvieron para dimensionar los intereses que están en juego y, sobre todo, para identificar con claridad que en Chile no sólo existen pescadores chicos y grandes, sino también un gran número de actores semiindustriales que operan bajo la condición de artesanales.
Los industriales (a quienes se ha llamado siete familias, aunque son muchos más) concentran el 48% de los desembarques a nivel nacional. En el otro extremo, los 14 mil botes menores a doce metros tienen menos del 4% de las descargas. Y en el medio entre ambos grupos, hay 1.354 lanchas semiindustriales con el 48% del mercado.
Estos últimos -y no los pequeños boteros- son los que se han opuesto tenazmente al proyecto que impulsa el Ministerio de Economía y son los que están detrás de las movilizaciones.
Los artesanales grandes
La ley establece que los armadores artesanales pueden tener un máximo de dos naves. Sin embargo, hay varios empresarios que tienen hasta 12 lanchas distribuidas entre sus familiares. Cada una genera ingresos por $300 millones anuales, en promedio, según el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea. Con estas cifras, justifica las exigencias que la nueva ley le impone a este sector (como la de no invadir las aguas reservadas para los botes de menos de doce metros).
Carlos Olave es uno de los actores relevantes en este rubro. Es dueño de Pesca Arauco y ha sido uno de los líderes del movimiento que se opone a la ley. Si bien su familia tiene cinco naves, aclara que dos de ellas pertenecen a su señora y una a su hijo.
“Nos dedicamos hace muchos años a la pesca, y no tiene nada de malo que un familiar se dedique a la misma actividad”, dice.
José Luis Gallego también es otro de los operadores importantes de la zona. Es propietario de la Sociedad de Inversiones Tricelta y, según fuentes de la industria, tiene tres embarcaciones en Chile y otras en Perú.
Consultado sobre el tema, Gallego desmiente las cifras: “No es efectivo lo que han dicho de las diez o doce lanchas por persona, porque las propiedades son de las familias. Mi hijo, por ejemplo, es un ente tributario distinto que yo, y el que trabaja en Perú es mi hermano. Además, si nosotros sacamos tres mil toneladas en un año, hay que recordarle al Gobierno que un barco industrial puede sacar 1.200 toneladas en un solo día”, retruca.
Carlos Alberto Sáez es otro de los pescadores artesanales importantes de la Octava Región. Es dueño de la Sociedad Pesquera Carmar, la que, según fuentes de la industria, administra ocho lanchas. “El Mercurio” intentó contactarse con este empresario, pero no recibió respuesta.
Augusto Fernández es un pescador conocido en la Octava Región. Tiene cuatro razones sociales según fuentes de la industria: Pesquera Santa Isabel, La Unión, Promaind y Augusto Fernández. Pese a esto, considera que el Gobierno se equivoca cuando habla de empresarios disfrazados de pescadores artesanales: “Tengo dos lanchas y mi hijo tiene una. ¿Por qué va a ser malo que nos vaya bien?”, dice.
Galilea replica que “hay empresarios que recurriendo a hijos, tienen de 10 a 12 lanchas; hay verdaderas dinastías”.
Victoria Rubio es armadora y directora de la Asociación de Armadores, Arpropelar. Reconoce que puede haber familias que tienen más de dos lanchas, pero advierte que el Gobierno no puede legislar pensando que todos los pescadores son iguales.
“En mi caso, tengo una lancha y les doy trabajo a once personas directamente. Puede que un año una lancha que está en el tope de 3.500 toneladas alcance ingresos cercanos a los $250 millones, pero si calculamos los gastos, sin contar la mantención anual, el margen es de un millón al mes aproximadamente. Si nos imponen el posicionador satelital, nos cierran la primera milla y nos niegan el acceso a las zonas históricas de pesca, sería fatal”.
Qué costos enfrentarán los artesanales
En lo esencial, la iniciativa que ahora se verá en el Senado mantiene la primera milla de costa para el 90% de los pescadores artesanales (botes de menos de 12 metros de eslora), que se eximen del pago de patentes y no se les exige usar posicionadores satelitales (GPS).
Los cambios apuntan al grupo “medio” de la pesca: las naves de entre 12 y 18 metros, que conservarán las cinco millas de costa, pero no podrán incursionar en el territorio de los más pequeños ni podrán traspasar límites regionales.
Según Victoria Rubio, armadora y directora de la Asociación Gremial de Armadores, Arpropelar, que la ley les impida acceder a la primera milla sería fatal para el sector: “Se perdería el 40% de la captura, que es lo que se hace adentro de la primera milla”, dice.
En el Gobierno tienen una opinión distinta y creen que estos armadores están en condiciones de asumir nuevas obligaciones, considerando que muchos de ellos son empresarios semiindustriales. Cada nave tiene un costo de $250 millones y generan ingresos anuales por $300 millones: Si se tiene en cuenta estas cifras, es obvio que la negativa que plantean a la instalación de localizadores no es una cuestión de costo, sino de respeto a las zonas donde pueden pescar, explica el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea.
Un localizador GPS de última tecnología cuesta un millón de pesos y su operación tiene un costo de $80 mil al mes. Los operadores tendrán dos años para ponerlos en marcha y, además, podrán descontarlos del pago de patentes, con lo cual la inversión resultará casi gratis, dice.
