Gobierno adelanta que proyecto que incluye licitaciones de cuotas de pesca irá al Congreso este semestre
Jessica Esturillo y César Sottovia
Pablo Galilea, subsecretario de Pesca, adelantó a El Mercurio que el Ejecutivo está consciente sobre el carácter de largo aliento que tendrá esta tramitación en el Congreso y que por esto se fijaron estos plazos para contar con una normativa que regule la extracción en el sector industrial antes de su vencimiento.
Pero la ley seguramente generará controversia en el rubro, pues Galilea adelantó que van a introducir un sistema de licitaciones para una porción de las cuotas de pesca, con el objetivo de que puedan entrar nuevos operadores a competir en la industria.
Aunque no se refirió al porcentaje que se asignará mediante esta nueva modalidad, sí agregó que el nuevo esquema considera mantener el sistema actual, que reconoce derechos históricos de pesca a los operadores ya existentes, como también un perfeccionamiento para que estos o parte de ellos puedan transferirse a terceros, de manera de darle movilidad al sector.
“Los derechos históricos son un elemento muy importante, que vamos a conservar, pero, a su vez, también se verá el ingreso de nuevos actores por la vía de hacer los derechos más transferibles e incorporar el tema de las licitaciones y la mezcla de estos tres elementos es lo que vamos a proponer”, indicó Galilea a El Mercurio.
Sonapesca
Sin embargo, en la industria, representada por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), indican que no están preparados para resistir proposiciones que planteen alteraciones sustantivas en los actuales mecanismos de administración pesquera vigentes a través de licitaciones y fraccionamiento de cuotas.
Las pérdidas que ocasionó el terremoto y posterior maremoto en 2010 a los industriales de la zona centro-sur del país, junto con la menor disponibilidad del principal recurso pesquero, el jurel, y la posterior disminución de un 76% de la cuota para este año, obligaron a hacer ajustes. Esto conllevó un rápido proceso de fusiones, partiendo por SouthPacific Korp y Pesquera San José, de Angelini y la familia Lecaros Menéndez, los que formaron Orizon el II semestre de 2010.
La Pesquera Camanchaca, de Jorge Fernández, y Pesquera Bío Bío, de Jan Stengel, también se integraron, y luego, en enero de 2011, lo hicieron Itata y El Golfo. La primera vinculada a la familia Sarquis y la segunda, al grupo Yaconi-Santa Cruz.
Los pesqueros manifiestan que la actual modalidad de asignación de recursos permite operar a los actores de manera ordenada y sustentable y que en Chile existen experiencias anteriores de licitación (del orange rafi y el bacalao) que terminaron por diezmar el recurso. Agregan que este sistema no opera en otros lugares del mundo.
Desde esa perspectiva, plantean que la sustentabilidad del jurel debiese ser la principal preocupación de la autoridad en el plano internacional. Esto, explican, ya que varios países presentes en la conferencia preparatoria de la Organización Regional del Pacífico Sur (ORP), en Cali, continúan pescando el recurso, haciendo caso omiso a su menor disponibilidad y a los esfuerzos de algunos miembros, como Chile, por reducir sus capturas.
