Estabilidad y protección para los trabajadores de plantas de proceso
Los trabajadores del sector pesquero no han estado ajenos a la discusión sobre la ley de pesca que determinará el futuro de la actividad. Todo lo contrario, han querido ser partícipes del proceso y han exigido que las autoridades escuchen sus demandas. Una de las voces que se ha podido oír en los últimos meses es la de la presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera (Fesip), Juana Silva, quien está encargada de representar los intereses de alrededor de 1.050 trabajadores de plantas de congelados, harina de pescado y conservas, ubicadas todas en la Región del Biobío.
De acuerdo con sus palabras, no ha sido fácil asumir la presidencia de la Fesip, ya que la delicada situación en que se encuentran las principales pesquerías del país ha complicado el escenario para los trabajadores del sector. No obstante, destaca que “lo importante es tener los objetivos claros para lograr resultados positivos para la gente que represento. El cargo que hoy ocupo me ha enseñado a estar cada día más al servicio de los demás”.
Por lo pronto, la principal misión de Juana Silva tiene relación con lograr que la ley de pesca que se está tramitando en el Congreso resulte positiva para los trabajadores de las plantas de proceso. “Esperamos que queden protegidos y obtengan beneficios que les ayuden a mantenerse en el tiempo, como pensiones dignas. Para los jóvenes, queremos que tengan la oportunidad de contar con capacitaciones reales y de calidad para que puedan, si lo necesitan, insertarse en actividades distintas a la industria pesquera. Lo ideal sería que tengan la opción de profesionalizarse a través de carreras técnicas, ojalá de nivel superior”, dijo.
De igual forma, la dirigenta destacó que como federación esperan colaborar para que Chile y la Región del Biobío cuenten con una normativa que asegure la sustentabilidad de los recursos pesqueros a largo plazo. “Esto traerá tranquilidad y estabilidad a los miles de trabajadores que dependemos de la actividad”, mencionó.
¿Cuáles son los principales problemas que aquejan hoy día a los miembros de la Fesip?
Una de las principales dificultades tiene que ver con algunas organizaciones y dirigentes que solo piensan en entorpecer el trabajo que desarrollamos. Quiero dejar claro que esta federación no sólo representa a trabajadores que procesan jurel, sino que nuestra misión también tiene que ver con quienes procesan recursos demersales, como merluza común, de cola y otros. Sin embargo, hay un grupo de diputados irresponsables que pretende terminar con la pesca de arrastre. Nosotros nos preguntamos, ¿qué argumentos válidos tienen ellos? ¿Tienen alguna solución para los puestos de trabajo que se perderían? El 2007 intentaron hacer lo mismo. Ya estamos cansados.
¿Hace unos meses se firmó un acuerdo derivado de la Mesa de Pesca donde se pactó un fraccionamiento que favorece al segmento de la pesca artesanal? La Fesip, ¿respalda totalmente ese documento?
Así es. Nosotros tuvimos representación en esta mesa a través de Teresa Lizana, quien es consejera nacional de pesca y ex-presidenta de la Fesip y que dice tener una deuda con los trabajadores. En acuerdo con nuestro equipo de trabajo, ella fue quien hizo entrega de las necesidades reales de los trabajadores de las plantas de proceso, plasmado en un documento que se le dio el nombre de Plataforma Social y que fue entregado al ministro de Economía, Pablo Longueira. Al recibir el documento, el ministro se comprometió a apoyar a los trabajadores de las plantas e hizo la moción de insertar nuestras demandas en el proyecto que sería enviado al Congreso en diciembre del 2011. De esa forma, podemos decir que la Fesip respaldó el acuerdo de la Mesa de Pesca. De hecho, yo estuve presente cuando el pasado 26 de septiembre se firmó el acuerdo de fraccionamiento entre el sector industrial y artesanal. Esa noche, escuché al ministro apoyar a los empleados de planta y embarcados en lo que ambos sectores solicitaban.
¿Podría este fraccionamiento ocasionar a los trabajadores de la industria algún tipo de perjuicio, como cesantía, por ejemplo? ¿Qué están haciendo al respecto?
Si. En parte, el acuerdo es desfavorable para los trabajadores del sector industrial. Todos sabemos que el segmento artesanal ha quedado con un porcentaje mayor de los recursos, de modo que tendremos menos cuotas a partir de enero del 2013. Pero el compromiso en esa Mesa de Pesca fue que no se licitarían las cuotas de pesca. Por esa razón, el mal menor era el traspaso de cuotas a los artesanales.
Por eso, lo que estamos haciendo ahora es perseverar en la Plataforma Social, negociando con el Gobierno y logrando hasta ahora acuerdos que fueron ingresados en el proyecto de ley y que se dieron conocer el pasado 6 de junio en la Comisión de Pesca. Sin embargo, nos faltan algunos puntos que el Ejecutivo debería insertar, como las pensiones de gracia y que quede por ley un “Fondo de Estabilización de Desarrollo para los Trabajadores de las Plantas de Proceso de la Industria Pesquera”.
Cree que, así como están las cosas, ¿saldrá antes del 31 de diciembre la nueva ley de pesca? ¿Cómo sería el escenario en caso de que no se logre emitir un nuevo cuerpo Legal dentro de ese plazo?
Se ve un escenario complicado, donde hay diferentes intereses, organizaciones que recién están apareciendo y descolgados de algunos gremios. Tal como dijo la diputada Marta Isasi, hay quienes solo buscan protagonismo, defendiendo intereses de transnacionales y debilitando aún más la mesa de acuerdo. Me pregunto, ¿qué ganaran ellos? Aun así, soy positiva. Tenemos claro cuáles son las verdaderas necesidades e intereses que tienen nuestros asociados y ex compañeros que fueron despedidos en el 2010. Debemos negociar con el Estado y gobierno de turno y sabemos que al ministro Pablo Longueira le queda una tarea pendiente, que es cumplir con su palabra y que todos tengamos la posibilidad de seguir desarrollándonos, trabajando y buscando mejoras con los actores involucrados en la Mesa Pesquera (industrial y artesanal). Además en el Congreso la mayoría de los diputados y senadores deben actuar por el bien común.
Si no se lograra sacar el cuerpo legal dentro del plazo estipulado, creo que sería un colapso total para nosotros, como trabajadores –ya sea embarcados ó de plantas–, ya que se volvería a la carrera olímpica. Con esta forma de captura, se exterminarían los recursos pesqueros y tendríamos que decirles adiós a los peces que el Creador ha dado para que todos los aprovechemos de buena manera.
Finalmente, ¿qué espera la Fesip tanto del gobierno, como de los empresarios pesqueros?
Del gobierno esperamos que tome conciencia del porcentaje de cesantía que va en aumento en nuestra región. Esto no es bueno para el desarrollo del país. Por eso, esperamos también que nos apoye en lo solicitado en la Plataforma Social, que genere nuevos empleos con sueldos dignos y que la idea de licitar las pesquerías quede en el baúl de los malos recuerdos.
A los empresarios pesqueros, a quienes les prestamos servicios, les pedimos que mantengan los puestos de trabajos, ya que a pesar de la poca cuota de jurel que se tuvo este año, las utilidades de las compañías no han sido malas. Además la sardina, anchoa, jibia y otros recursos han ayudado a mantener la industria.
La necesidad más urgente de los trabajadores es que la nueva ley que se está discutiendo este año contemple beneficios por 20 a 25 años que permitan el desarrollo económico y social de nuestro sector. Así, podremos entregar a las familias tranquilidad y fortalecimiento del bienestar personal de cada miembro del hogar.
