El marco para la pesca
Ni la discusión previa en sede de libre competencia ni el acuerdo entre industriales y artesanales sobre fraccionamiento, que sondeó el ministro de Economía, evitaron que en el Congreso los temas volvieran a ser revisados en detalle. Cientos de indicaciones, rechazo de diputados a artículos clave para el Gobierno, y senadores manifestando reparos de fondo, sugieren que lo que sigue no será más fluido.
Un factor muy controvertido es la subasta de las licencias de pesca. Se han invocado motivos de eficiencia, competencia, acceso y socialización de rentas, aunque los dos primeros quedaron prácticamente descartados con el pronunciamiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El proyecto del Ejecutivo busca favorecer el acceso a la industria, pero eso parece innecesario si se fortalece la transferibilidad de las licencias de pesca, como está contemplado, de modo que se pueda acceder a la industria comprando esos derechos. Como instrumento para recaudar, las subastas tienen mérito, pero parecen especialmente recomendables para actividades sin historia, como cuando se licita una nueva obra pública. En regulación pesquera, la práctica común es asignar cuotas por criterios históricos, y usar otros instrumentos, como patentes e impuestos específicos, para recaudar. En este contexto, la propuesta de subastas del Ejecutivo es moderada y, acertadamente, pone el peso de la recaudación en patentes e impuestos específicos (cuyos montos habría que analizar en su hora). En todo caso, la Comisión de Pesca de la Cámara rechazó el artículo sobre subastas por seis contra cinco votos, y algunos senadores han advertido que, en cambio, abogarán por más subastas que lo que propone el Ejecutivo, por lo que es difícil anticipar a qué se arribará.
También conviene analizar con atención el impacto del modelo regulatorio propuesto por el Ejecutivo, subastas incluidas, en la institucionalidad del sector. El acento en sustentabilidad es correcto, y la propuesta de incorporar subastas sólo cuando las pesquerías se acerquen a sus rendimientos máximos sostenibles tiene lógica, pues mientras eso no ocurra difícilmente habrá rentas económicas que repartir. Sin embargo, lo anterior supone una institucionalidad capaz de administrar este nuevo sistema, mucho más complejo que el actual: él exige supervisar y clasificar permanentemente el estado de las pesquerías, definir los puntos biológicos de referencia y los rendimientos máximos sostenibles, además de agregar una serie de otras responsabilidades a la autoridad. De allí que el fortalecimiento de las instituciones del sector, especialmente del Instituto de Fomento Pesquero (a cargo de la investigación) y de la Subsecretaría de Pesca (que tiene el peso de las decisiones), sea indispensable, tanto para la pesca -en actual reforma regulatoria- como para la acuicultura, que hasta ahora comparte institucionalidad con la pesca extractiva y también requiere con urgencia entidades públicas fortalecidas para asentar definitivamente el modelo productivo reestructurado post virus ISA.
