Editorial: Asignación de cuotas
Las conferencias del experto de la Universidad de Islandia, Ragnar Arnasson; el ex ministro de Economía, Jorge Rodríguez; el ex subsecretario de Pesca, Andrés Couve; y el actual titular de la cartera, Pablo Galilea, coincidieron en que los LMCA son el mecanismo más apropiado para conjugar sostenibilidad y productividad, aunque falta perfeccionar la forma de transferir las cuotas. Visión compartida por los panelistas de Asipes, Sonapesca y Subpesca, pero cuestionada por los representantes de Conapach, Confepach, Greenpeace y WWF.
Más allá de las divisiones, todos los expositores concordaron en la inconveniencia de licitar dichas cuotas cuando expire la Ley 19.849. El acuerdo cristalizó con la ponencia de Arnasson, teórica y empíricamente enfocada en los derechos de propiedad en la pesca. ‘Es importante, para los demás países, cómo Chile resolverá este asunto”, planteó el catedrático, encendiendo una luz de alerta respecto a los precedentes jurídicos y económicos en juego.
No es baladí que desde 1979 ya sumen 22 los países que cuentan con CITs y que la asignación se aplique a más de 1.000 especies, totalizando más de 20 millones de toneladas anuales según la FAO. Tampoco lo es que la mayoría de las naciones han adoptado la historia de captura como el criterio de asignación inicial de cuotas y que en los esporádicos casos de licitación los resultados han sido desfavorables.
Prueba de lo anterior es que Rusia y Estonia implementaron licitaciones sobre pesquerías en estado incipiente o en recuperación sólo entre el 2001 y 2003, porque se volatilizaron los precios, se produjo colusión entre quienes subastaban y bajó de súbito la rentabilidad sectorial. El caso de Chile, su aplicación en los noventa en el langostino colorado, el langostino amarillo, el bacalao de profundidad y el orange roughy terminó con las especies en veda total.
El reconocimiento de los derechos de propiedad en la pesca, al igual como ocurre con la tierra y los demás recursos naturales, es esencial para la subsistencia de esta actividad económica. Y los titulares de esos derechos no pueden ser otros que los operadores industriales y artesanales con historia en las especies en plena explotación.
Pasar por alto ese principio sería una pésima señal tanto para los demás sectores productivos que operan en Chile como para los mercados internacionales. Más considerando que en el país ya hubo una asignación inicial en 2001 bajo el criterio de antigüedad y que el mundo artesanal también marcha hacia allá a través del RAE y las áreas de manejo”.
