Complejidades de la pesca: Chile y la ORP
La del Pacífico Sur comenzó a ser negociada en 2006 y, tras una docena de encuentros multilaterales, está próxima a constituirse formalmente. Siete países ya ratificaron el convenio, y cuando lo haga uno más (que debe ser de la costa este de la cuenca, como Chile o Perú), se cumplirá la norma de entrada en vigor.
En Chile, el proyecto de ley de ratificación ingresó al Congreso en agosto de 2011 y recientemente pasó al Senado en segundo trámite. El gobierno está empeñado en que la convención sea ratificada pronto, pero algunos senadores han planteado inquietudes y ciertas voces del mundo pesquero están pidiendo derechamente que no lo sea aún. Esto tiene una base atendible: la ORP en formación no ha sido capaz de disciplinar suficientemente a sus futuros miembros. Chile ha cumplido las medidas interinas y ha informado sobre sus capturas, pero otros países habrían pescado más de convenido o abultado las estadísticas sobre capturas históricas, perjudicando con ello los intereses chilenos.
Parece, pues, razonable que el Congreso analice en su mérito esta propuesta. Con todo, quizá sea mejor ratificar la convención y luego canalizar los esfuerzos del país a hacer que la organización funcione lo mejor posible.
El peor escenario sería volver a la situación en que cada cual intenta pesca el máximo, sin coordinación alguna entre países. Una ORP sólida es muy importante para proteger un recurso clave para el país, el jurel, cuya biomasa se encuentra hoy en su más bajo nivel histórico, y que, siendo una especie altamente migratoria y tranzonal, entra y sale de nuestra zona económica exclusiva. El enorme esfuerzo local que se está haciendo para recuperar esta pesquería tendrá efectos acotados, si junto con limitar las capturas en nuestro mar territorial no se hace algo equivalente en mares aledaños, lo que puede coordinarse vía ORP del Pacífico Sur.
Chile, que lideró su formación, debe hoy desplegar su mejor diplomacia y capacidad técnica para hacer de ella una entidad realmente operativa, capaz de establecer límites exigibles a las capturas y fiscalizar adecuadamente, así como también reforzar su labor en defensa de los derechos históricos del país en esta materia”.
