Carlos Vial: “La licitación de cuotas no ha resultado en ninguna industria, en ningún país”
Carla Alonso/Carolina Pizarro.
Una ley que operativamente no modifica la forma en que hoy trabaja el sector industrial. Así definió a La Tercera el vicepresidente de Sonapesca y presidente de la Federación de las Industrias Pesqueras de la Zona Sur Austral (Fipes), Carlos Vial, el proyecto de ley de pesca que se está tramitando en el Congreso y que esta semana tuvo su discusión más álgida en el Senado.
Vial, también vicepresidente ejecutivo de Friosur, empresa ligada a la familia Del Río, asegura que los derechos indefinidos que actualmente tienen los pesqueros industriales no necesariamente serán afectados, ya que el sector tiene la opción de cambiarse o no a la nueva modalidad que instaure la ley. Explica que así lo establece el artículo transitorio número 26 del proyecto de ley que está en trámite. La nueva norma, de acuerdo con lo aprobado esta semana por el Senado, contempla que se cambian los derechos indefinidos de las licencias a un sistema a 20 años renovables.
Vial indica que cada operador debe definir si la nueva fórmula le acomoda y le parece suficientemente atractivas para acogerla.
Con la nueva ley, ¿los pesqueros industriales pierden sus derechos históricos?
Lo siguen siendo. Una cosa es de quién son los recursos y otra cosa es quién pesca. El artículo 1 (relacionado con la propiedad de los recursos pesqueros) no afecta la actividad de ningún chileno hoy, porque reconoce cosas que son obvias, como que los peces son de todos los chilenos, que el Estado tiene soberanía para dirimir quién pesca y quién no pesca, y que el Estado tiene soberanía para implementar medidas de manejo.
¿Pero se pasan a llevar sus derechos históricos?
¿Dónde dice ahí eso? Mi derecho histórico no es que sea dueño de los pescados, sino que tengo una autorización para pescar. Yo tengo una autorización que es indefinida y que puede ser caducada en el caso de que, entre otras cosas, no pague la patente. Eso nadie me lo ha tocado. Hoy están proponiendo un esquema con una licencia X, pero usted tiene la posibilidad y la libertad de cambiarse. Mi licencia de pesca nadie me la va a quitar. Voy a optar por un negocio distinto y que tiene determinadas características.
¿Los industriales podrán optar si acogen la nueva ley?
Está claro que podrá ser optativo. Eso dice el artículo transitorio de la norma. Hay un plazo de seis meses contando desde la entrada en vigencia de la ley. Es una opción. Si me hacen cambiar mi autorización indefinida como es ahora, por una licencia que dura 5 o 10 años, no renovable, no me cambio.
¿Que sean licencias renovables y a 20 años los deja tranquilos?
Lo que hay que tener en cuenta ahí es que para desarrollar la actividad se necesita estabilidad y un plazo, y lo lógico es que si la está desarrollando de acuerdo a la ley, no veo por qué no pueda seguir para siempre. Hoy yo tengo licencias indefinidas.
¿Se cambiaría entonces?
Si me pregunta, yo lo tomaría, pero quiero ver el escrito, porque el concepto renovable está sujeto a condiciones, entonces quiero ver cuáles son esas condiciones, porque puede haber una palabrita que generará una posición distinta.
¿La forma en que operan hoy cambia con la nueva ley?
No. Va a cambiar cómo se relaciona el sector pesquero. Va a cambiar cómo se fija la cuota y el comportamiento de los actores. La operación no, porque al final lo que dice la norma es que las empresas funcionan con una determinada cuota y la cuota se va a fijar, y cada empresa opera en base al límite máximo de captura y seguirá operando bajo el límite máximo de captura.
La norma incluye la licitación, algo que al sector no le gusta.
¿Para qué quieren licitación si no se ocupa en ninguna parte? El sector artesanal, por otras razones, tampoco quiere licitaciones. Sin embargo, los políticos opinan de otra manera. Qué quiere que le diga, me parece un disparate.
Es muy simple: los beneficios de la licitación son claros cuando se trata de algo que no existe, como si quiere hacer una carretera en la mitad de la selva, no tiene a nadie y llama a una licitación para quien se interesa.
Como primera consideración, arriesga una disrupción social que creo que no es necesaria, como impacto sustancial y que la gente no quiere y por algo se refleja en los acuerdos de la mesa pesquera.
La segunda cosa que veo es que no ha resultado en ninguna parte, en ninguna industria, en ningún país (…). La tercera cosa es que arriesga usted a que se produzca una mayor concentración de la actividad (…) ¿Quién va a comprarle? El que tiene más plata, ese es el que va a licitar. Se va a dar mayor concentración.
Si se licita el 15% a todo evento, como se propone, ¿cambia la situación?
Cambia la situación.
¿Cuál es el impacto?
No lo sé. Eso lo vamos a ver.
¿Pueden desaparecer actores?
Las empresas van a seguir teniendo sus costos, pero tendrán menos cuota. Si la compañía estaba con pérdida, va a aumentar sus pérdidas; si estaba cero, va a tener pérdidas, y si tenía utilidades, va a tener menos utilidades. La pregunta es si será capaz de sobrellevar ese perjuicio. Aquí las respuestas son variadas: habrá algunos que serán capaces de sobrevivir solos, otros se van a tener que juntar. Ese es un hecho de la causa, pero Juan Pérez, que operaba con 100, va a tener que operar con 85. Obviamente tiene un impacto que es relevante y va a depender de la condición en que estén las distintas compañías.
¿Hoy día el escenario de las empresas es malo?
Bueno, cuando tenga menos cuota, será estar peor.
¿Si la empresa se cambia de esquema, el perjuicio será una realidad, ya que perderá 15% de la cuota?
Sí, eso es parte del paquete. Entrando al sistema, la licencia es transable, con el 15% de licitación y todo lo demás. Por eso es una decisión personal de cada una de las compañías, porque ese 15% a todo evento en las pesquerías donde está su compañía, que están todas colapsadas, significa que en cuatro años más va a desaparecer. Desde ese punto de vista, es muy importante mantener esta lógica que plantea el gobierno, del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). El gobierno es astuto, porque está haciendo un truco. Se está aprovechando de que las pesquerías están precarias y dice “les voy a ayudar a que mejoren y ahí le voy a quitar cuota y eso es más de lo que tienen hoy día, por lo tanto, para usted es conveniente y de esa manera, no me moleste con que le estoy expropiando”. En rigor, la compañía que opta por este sistema, que es la licitación y todo lo demás, está aceptando, en el fondo, que lo expropien y que no le compensen lo expropiado.
¿La ley es buena o es mala?
En términos generales, es un avance. Aplaudo la amplitud de cobertura. Hay materias importantes como la plataforma social, la fiscalización, certificación, los planes de manejo y la posibilidad de interacción entre el sector industrial con el artesanal, porque en la zona sur austral es muy importante el sector artesanal.
¿Es necesaria la mayor fiscalización para el mundo artesanal?
Lógico. Para el sector artesanal e industrial, porque lo que hay que garantizar es la idoneidad de la calidad de la información de las operaciones pesqueras, y eso se logra, primero, con honradez de los actores, lo que claramente en el mundo moderno no es suficiente y para eso se necesita fiscalización o certificación, alguien que diga ‘eso es”, y eso está apoyado en cosas como los posicionadores satelitales, un formulario, y al que no cumple lo multan.
¿Qué preocupaciones siguen inquietando al sector?
La ley no está terminada, pero me complica que se debilite sustantivamente la estabilidad de largo plazo. En otras palabras, una licencia de poco plazo y que difícilmente se renueva es algo que me parecería un grave retroceso, no sólo para el sector pesquero, sino por la actividad privada de Chile. Lo que uno debería buscar es el fortalecimiento de los derechos de propiedad, del derecho de emprender. Soy partidario del sector privado y para eso se necesita estabilidad en las reglas del juego, que sean de largo plazo. Ese era el concepto original que tenía el proyecto de ley y entiendo que hay distintas visiones políticas al respecto.
¿Están preocupados de cómo termine la discusión?
No de esta ley en particular.
¿Y de qué están preocupados?
De como vamos a seguir hacia adelante. Porque aquí hay acuerdos que no se han respetado, discursos que son populistas. Veo que los acuerdos no se respetan. En el mundo privado no respetar un acuerdo tiene consecuencia, en el mundo político parece que tiene menos. Lo que ocurre dentro del Parlamento lo conocen los parlamentarios y los ministros. Me resulta difícil juzgar qué pasó.
¿Descarta que la norma esté hecha ‘a la medida” del sector industrial?
La legislación recoge lo que dice la FAO, la OCDE y el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), y lo que dicen todos los proyectos de ley… Es un paso más en la dirección que va la legislación pesquera mundial. Ese es un juicio con poco fundamento. Creo que es una ley que apunta a mejorar los recursos, porque hay grandes cambios en la forma en que eso se opera, en cómo opera el sector pesquero hoy día. No hay gran diferencia entre el límite máximo de captura con esto, fuera de flexibilizar las transferencias, como dice el TDLC. Entonces, ¿lo que dice el TDLC es para tranquilizar a los industriales? ¿Así funciona? Creo que no.
¿Esta ley es para siete familias?
Que la discusión se centre en eso es un disparate. Es el mundo al revés. Hoy más del 50% de los pescados los desembarca la pesca artesanal. La pesca industrial tiene accionistas, empleados e historia, y han estado en este trabajo durante mucho tiempo. Después, la acusación es que se les ha adjudicado gratis todo. Yo desafío, le adjudico un kilo de pescado y no va a desarrollar lo que se ha desarrollado en términos pesqueros en Chile Además, de esas siete familias ojalá queden cuatro. Creo que serán menos. Menospreciar la actividad industrial, sin reconocer ningún esfuerzo por detrás, es un despropósito, es un mal para el país.
