Avances y vacíos en la reforma a la ley de pesca
El proyecto de reforma a la ley de pesca fue despachado en primer trámite por la Cámara de Diputados, luego de un intenso debate, y ahora será revisado por el Senado. La iniciativa debe quedar aprobada antes del 31 de diciembre, fecha en que vencen las cuotas individuales de captura contempladas en la legislación actual.
Aunque es muy positivo que el proyecto busque evitar la captura excesiva, no establece derechos de explotación que permitan la competencia y asignación eficiente de los recursos hacia el futuro. Dada la conflictividad del tema, parece haberse dado preferencia a facilitar el despacho del proyecto mediante concesiones a cada grupo de interés, más que a fijar un régimen general y competitivo, como debe existir en la actividad económica.
El rechazo a las cuotas individuales definitivas de captura evidencia la incapacidad de ponerse de acuerdo en un estatuto respecto de los derechos para pescar que entregue seguridad e incentive la preservación de los recursos. La legislación dispuso temporalmente la existencia de tales cuotas y ha sido considerada como un avance. Debe buscarse un mecanismo que permita que sean permanentes, para entregar estabilidad al rubro. Precisamente en función del éxito obtenido, son lamentables las consignas sobre la privatización de los peces o el intento de considerarlos propiedad fiscal, lo que es ajeno a la realidad, pues en el mar no son propiedad de nadie, sino un recurso explotable y que debe serlo de manera sostenible.
Hasta la fecha, los límites de captura han sido fijados por la autoridad con intervención de los actores del sector, lo que en algunos casos ha redundado en sobreexplotación. El proyecto busca acabar con eso, estableciendo la sustentabilidad como objetivo y tecnificando las decisiones, cuyos parámetros serán resueltos por comités científicos técnicos, integrados por expertos que serían nombrados por concurso público. Por otra parte, se innova en la regulación que rige a los pescadores artesanales -muchos de ellos de un tamaño empresarial significativo-, que en la actualidad representan el 52% de la captura, y que en la práctica están ajenos a los controles significativos de su actividad pesquera. Se distinguirá a los que poseen embarcaciones que no exceden los 12 metros de eslora -auténticos pescadores artesanales-, que tendrán un 5% del total y operarán en la primera milla, de los que poseen embarcaciones de hasta 18 metros, a los que se les asigna un 50% de total y podrán operar en las cuatro millas siguientes (subsistiendo la reserva de cinco millas para todo el segmento). Estos quedarán sujetos a las obligaciones de tener un sistema de posicionamiento global, para controlar el respeto de la zona de pesca asignada y el lugar de desembarque, y certificación de captura, además de pagar patente, asimilándolos a las regulaciones de los pesqueros industriales (embarcaciones de más de 18 metros, con el 45% restante), lo que se justifica por la envergadura que han adquirido.
El Senado debe hallar una solución al tema fundamental de las cuotas individuales de captura. Cualquiera que ella sea, es impensable que no considere un reconocimiento de los derechos de quienes han estado ejerciendo la actividad por largo tiempo y la asignación competitiva de las cuotas adicionales que estén disponibles.
