Soluciones adecuadas en reforma a la Ley de Pesca
El proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura presentado al Congreso debería entrar en vigencia el 31 de diciembre del próximo año, fecha en que vencen las cuotas individuales de captura contempladas en la legislación actual. Los cambios que propone son, en general, adecuados y constituyen un marco de largo plazo para el desarrollo de un sector que es fundamental para la economía nacional.
La iniciativa incorpora como objetivo la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos en el largo plazo, estableciendo el concepto de rendimiento máximo sostenible en la extracción, que, a la vez de implicar un límite a ésta, constituye una meta a la cual se debe propender. Asimismo, contempla la exigencia de fundar las decisiones en evidencia científica y de poner en práctica medidas de recuperación de pesquerías sobre explotadas o colapsadas. En congruencia con dicho objetivo, en las pesquerías del sector industrial que se encuentren en explotación y administradas bajo cuota global de captura se propone entregar licencias indefinidas y transables, incentivando el cuidado de los recursos por el titular y su asignación eficiente. Las licencias se asignarán reconociendo derechos históricos (clase A) que resulta difícil desconocer, pero tratándose de pesquerías que se encuentren un 15% bajo el punto biológico de referencia del rendimiento máximo sostenible, se plantea una subasta pública de los excedentes que se produzcan por sobre dicho umbral, dando origen a licencias (clase B) también indefinidas, afectándose las primeras hasta en el mismo porcentaje. La licitación en estos términos buscaría hacer viable tal reconocimiento, pero abarcando pesquerías que no estén sobreexplotadas, para evitar que nuevos actores presionen la sustentabilidad del recurso.
Sin embargo, existe una incertidumbre en las licencias indefinidas, derivada del fraccionamiento sólo por 20 años de las cuotas entre pesqueros industriales y artesanales. El valor de licitación de las licencias clase B se pagará en 10 años, al cabo de los cuales quedarán gravadas con el impuesto específico que paralelamente se establece para las demás licencias y cuyo monto guarda relación con aquél. Este tributo es discutible desde el punto de vista de la igualdad de las distintas actividades económicas e importa una extracción de recursos que afecta la inversión. Por eso, la necesidad de homologar el costo económico de licencias de distinto origen debería ser abordada a través de las patentes asociadas al costo que significa el sistema de fiscalización más que a la búsqueda de una mayor recaudación fiscal.
La determinación de la cuota global de captura se haría con consulta a un panel de expertos, cuya opinión sería vinculante dentro del rango que señale -aspecto excesivamente discrecional- con el objeto de evitar una dependencia de los intereses involucrados. Por otra parte, se incrementan los controles para el sector artesanal, que hoy representa el 50% del desembarque y que no es fiscalizado en consonancia con la importancia que tiene.
Es indispensable que se establezca una legislación integral para el sector, respecto de la cual este proyecto contiene bases generales razonables. Sería lamentable que por incapacidad para lograr acuerdos se termine dictando una regulación temporal para las situaciones más acuciantes, lo que impediría la existencia de un marco que dé señales de largo plazo para el desarrollo del sector y que es fundamental para la explotación sustentable de los recursos.
