Derechos de propiedad, rentas y licitaciones pesqueras
Por ende, según Fischer, el meollo del debate sería de quién son los derechos y cómo hacer para que quienes los usan paguen por las rentas. Según él, los derechos son del Estado y para extraer las rentas, éstos deben ser licitados. Estando de acuerdo con la premisa, no comparto la conclusión.
También pertenecen al Estado los minerales que están en el subsuelo del territorio nacional, pero a la explotación de éstos, por Ley de la República pueden concurrir los privados. Cuando se trató de socializar rentas, al menos parcialmente en el caso minero, la solución política no fue la licitación de los derechos ya otorgados sino un Royalty. De modo similar, en el sector pesquero los permisos de pesca otorgados por el Estado tienen larga data y a su amparo se desarrolló una industria completa, tal y como, al amparo de concesiones mineras y acuícolas se desarrollaron la minería privada y la industria del salmón respectivamente. Las regulaciones subsecuentes que han habido en pesca — cuotas globales, regulaciones sobre las artes de pesca, derechos individuales de captura, patentes pesqueras — corresponden a limitaciones y gravámenes que el Estado, soberanamente, ha decidido imponer sobre dichos derechos, como alguna vez lo hizo con la minería, o más recientemente, con las propias concesiones acuícolas. Si se estimase que el sector genera rentas, nada impediría que el Estado imponga un Royalty: no es necesario ni se precisa de una licitación para ello. Sin ir más lejos, las patentes pesqueras, que aumentaron un 110% en 2001 actúan como un Royalty de facto, superando en términos porcentuales al Royalty minero si se les mide como proporción de las utilidades operacionales. De ahí que concordando con la premisa de Ronald Fischer, no comparto su conclusión: si el tema son las rentas y cómo se cobra por ellas, no se precisa licitación.
Pero hay más. La licitación, para que funcione de veras, requiere que se haga en un porcentaje materialmente significativo, de una vez, desde el comienzo. Ello constituiría un experimento inédito a nivel mundial, cuyas consecuencias sólo pueden ser conjeturadas teóricamente, en el mejor de los casos. Ello me recuerda al Transantiago. Alguna vez leímos “papers” de connotados economistas abogando por las ventajas de una macro licitación del transporte público en Santiago, y muchos, me incluyo en ello, nos convencimos. Hoy lidiamos con consecuencias irreversibles que pocos esperaban o se imaginaban que ocurrirían. En lo personal, creo que el país no está para experimentar, nuevamente, con consecuencias irreversibles, pero ahora con la mitad de su patrimonio pesquero nacional.
Jorge Quiroz, Economista
