Lo que se juega el sector pesquero.
Tras esa última reunión convocada por el Ministerio de Economía en la llamada Mesa Pesquera, es que se conocerán en detalle los acuerdos a los que se espera hayan arribado todos los sectores que representan la actividad y a partir de los cuales se elaborará el proyecto que reemplazará a la actual ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), que llega a su fin en diciembre del 2012.
La necesidad de alcanzar esos acuerdos fue la condición que puso el Gobierno para que el proyecto de ley de pesca no incluya subasta de cuotas de jurel, merluza y sardina-anchoveta.
Legitimidad cuestionada
El Sur informó que hasta ahora las discusiones han sido en todos los tonos. Y van desde las discrepancias entre organizaciones de las distintas regiones en materias como el acceso a los recursos hasta la intención de entidades que dicen representar a nuevos actores pequeños y medianos cuya legitimidad es cuestionada por las entidades históricas, tanto de trabajadores de la industria como del sector artesanal.
La cuestionada legitimidad de organizaciones como Chile Pesca, recientemente aparecida que ha insistido en exigir la licitación de las cuotas de pesca para todos, aunque la actual legislación establece que estas le son otorgadas exclusivamente por armador, es decir, a los que tienen barcos, sean industriales o artesanales.
Esta coalición dice reunir a más de 250 organizaciones del sector pesquero y representar a 20 mil personas a los largo del país.
Organización de fachada
Luis Felipe Moncada, gerente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) sostuvo a El Sur que “esta es una organización de fachada, que representa a un grupo pequeño de personas que lo que buscan es licitar las cuotas de pesca, tal como lo quiere la empresa de capitales noruegos Lota Protein, compañía que representa el 1,5% de la pesca y que labora solo harina de pescado y tiene 90 trabajadores”.
Añadió que, “por otra parte, las pymes que también piden licitación no dan 700 empleos, como han manifestado, sino la mitad, mientras las plantas de la industria, solo en la Región del Biobío, otorgan más de cinco mil empleos”.
Quienes integran Chile Pesca, agregó, “quieren hacer creer a la opinión pública que se trata de una agrupación de gran representatividad para el sector pesquero, lo que es absolutamente falso, ya que no tiene representatividad industrial, no son representativos de actividades de procesamiento relevantes y según los propios dirigentes artesanales y de trabajadores de la industria, quienes aparecen, por esos sectores, integrándola, tampoco son dirigentes que tengan bases relevantes que los apoyen”.
Pero quien reaccionó con mayor fuerza fue la propia consejera nacional y ex presidenta de la Federación de Trabajadores de la Industria Pesquera (Fesip), Teresa Lizana. De acuerdo con lo publicado por El Sur, puntualizó que Chile Pesca ya “no puede ser más descarado al atreverse a pedir el 10% de las cuotas, cuando todos sabemos la situación de los recursos. Los hemos desenmascarado en las distintas instancias que participamos. Sabemos que todos los que dicen participar tienen conexiones con Rodrigo Vial Cox, ex gerente de Lota Protein S.A., filial en Chile de la transnacional noruega perteneciente al gurpo Koppernaes, que produce la mitad de la harina de pescado en su país de origen (bajo la firma Vedde), además de poseer una compañía de insumos portuarios (Tingstad) y otra de equipamiento para la seguridad marítima (Brude)”.
“Las plantas de proceso o de consumo humano que aparecen listadas en Chile Pesca son ficticias. Son organizaciones de papel”, aseguró Lizana.
Nos guste o no
“Lota Protein llegó tarde al escenario pesquero y Chile Pesca es una organización funcional que no tiene la representatividad que dice tener”, admitió Hugo Arancibia, presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach).
Destacó que en la mesa pesquera está constituido el 100% del sector pesquero chileno. “Nos guste o no, hemos avanzado en varias materias, como revisar el fraccionamiento que se estableció en 2002, de un 5% para los artesanales y el 95% para los industriales. Creemos que estos porcentajes deben cambiar, no solamente para el jurel, sino para las demás pesquerías”, manifestó Arancibia.
Opinó que si todo el sector es capaz de hacer un reconocimiento a la historia “se está reconociendo lo que se hizo con la industria hace algunos años, porque de acuerdo con la antigüedad se distribuyeron los porcentajes, lo que me parece una cuestión lógica”, dijo el dirigente.
Se cierra la mesa
El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, precisó que hoy lunes 26 de septiembre se cierra la mesa, donde “esperamos tener acuerdo de Arica a Magallanes en todas las pesquerías entre artesanales e industriales”.
El personero aseguró que toda la información hasta ahora apunta a que se logrará un acuerdo.
“A partir de eso se va a obtener un fraccionamiento mayor para el sector artesanal, pero además necesitamos una redistribución interna dentro del sector artesanal, porque hay regiones que en el caso de la merluza tienen muchas cuota y poco pescado y hay otras que tiene mucho pescado y poca cuota, y eso lo tenemos que arreglar. La oportunidad está en los cambios legislativos que estamos impulsando”, puntualizó.
De igual manera, comentó que lo más importante para el Gobierno es que “esa mesa la validaron todos los actores porque ahí están las principales confederaciones de pescadores artesanales e industriales del país” y añadió que “los acuerdos no están del todo cerrados, pero estamos muy optimistas”.
Región del Biobío
Teresa Lizana reconoció que a nivel regional no hay acuerdo respecto de las cuotas del jurel, sardina, anchoveta y la merluza común, por lo que estima que en la mesa pesquera todavía existe un grado de incertidumbre importante, al ser la Región del Biobío la de mayor actividad.
Detalló que el conflicto se produce porque, en el caso de la merluza común, el 35% de la cuota la tiene la Región de Valparaíso y criticó que los artesanales “son los que dicen que los pescados son de todos los chilenos, pero no dejan a nadie que entre en sus 5 millas, con las consecuencias sociales que eso tiene”.
