Sonapesca califica como “capricho” del gobierno intención de licitar.

by Paulo | 6 mayo 2011 3:36 pm

 

 por José Carlos Prado


En la industria pesquera están inquietos. Ante la posibilidad de que el gobierno envíe al Parlamento un proyecto de ley para licitar un porcentaje de la pesca extractiva (25% es lo que ha trascendido), los representantes del sector ponen el énfasis en la compleja situación que atraviesan y piden a las autoridades avanzar en mejoras en ese sentido.

Y es que para el gremio, la idea del gobierno suena como un “capricho” que podría complicar aún más a la industria local. En conversación con DF, Rodrigo Sarquis, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), dijo que le llama la atención que el Ejecutivo insista en las licitaciones, sabiendo que no soluciona ninguno de los problemas que tiene el sector y más bien crea unos problemas nuevos.

“Nos cuesta entender que el gobierno pase por encima de la conservación, de la competitividad, no convoque a nadie y entable una discusión de los derechos de uso, que en los últimos 75 años ningún gobierno lo ha cuestionado”, explica. 


Royalty 


Si bien el dirigente explica que hoy ya se les cobra una especie de royalty, están abiertos a discutir sobre una fórmula distinta de este gravamen. El año pasado -detalla- se pagaron 
US$ 35 millones por patente pesquera , cifra que no depende de los resultados económicos de las compañías, porque es un monto fijo. Y agrega que si se toma en cuenta el valor comercial de US$ 400 millones que tenían las cuotas del mundo industrial del país, “da un royalty que equivale al 9%. Es el más caro que se paga por un derecho de uso en Chile. Entonces, cuando nos dicen que los recursos se regalaron, la verdad es que dista mucho de ser así”.

Pese a ello, Sarquis se muestra dispuesto a “cualquier sistema que sea más justo”. Si en vez de cancelar un mecanismo fijo, se tiene que pagar uno variable, no tenemos problemas en conversarlo”.

El representante de Sonapesca es claro en recalcar que no están dispuestos a aceptar ningún porcentaje de licitación y advierte que la alternativa judicial no está descartada, si se desconocen los derechos de uso.

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