by Paulo | 19 mayo 2011 2:57 pm
A partir de 1985, cuando se comenzó el cierre paulatino del acceso por recurso y por región en favor de la conservación, dejaron de entregarse estos permisos, los cuales por ley tienen carácter de indefinidos, transferibles, y transmisibles. Las cuotas individuales de pesca, en cambio, se establecieron en 2001, con la ley de Límites Máximos de Captura por Armador, y lo que hicieron fue asignar un porcentaje de la cuota global a cada titular de las autorizaciones de pesca, en función de su historia de capturas e inversión en TRG. No hay nada éticamente reprochable en ello, así se ha procedido en la generalidad de los países con cuotas individuales transferibles. Por tanto, la cuota global tiene el fin de conservar el recurso, mientras la individual sólo lo asigna. Esta ley es la que vence en 2012, no los permisos de pesca, como mal señala el profesor Fuenzalida. Sería deseable perfeccionar la mencionada transferibilidad, como recomendó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, separándola de la venta de la nave, algo en lo que todos concuerdan. El columnista habla además de “renovación gratuita”, lo que es errado ya que por las cuotas de pesca la industria paga anualmente -además de los impuestos tradicionales- una patente pesquera, verdadero royalty, que representa el 3% de las ventas. No hay argumentos que demuestren que la industria pesquera no ha sido económicamente eficiente. De hecho, si no lo fuera, hoy no estaría inserta en mercados de los cinco continentes y, probablemente, las compañías existentes habrían quebrado hace mucho tiempo. Las licitaciones pesqueras que el autor promueve, en cambio, no han funcionado eficientemente en ninguna parte. Y traerán sin duda concentración y cesantía, de aplicarse.
Mario Tapia Echeverría
Abogado
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