by Paulo | 15 octubre 2010 3:08 pm
La ratificación del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, a la intención del Gobierno de disminuir las cuotas de las principales pesquerías, entre ellas la de jurel, aportó un ingrediente adicional a la jornada realizada en el Hotel Sonesta de Talcahuano (Región del Biobío), donde los participantes dieron a conocer su parecer ante tal medida, además de analizar cuáles fueron los factores que gatillaron la crisis de la mencionada especie.
El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, planteó los lineamientos de la futura regulación pesquera industrial, la que parte de una base poco favorable para el rubro, pues manifestó que “la pesquería se encuentra en una situación crítica, la que indudablemente tendrá efectos sociales y económicos que no se pueden eludir. El principal problema, más allá de las consecuencias provocadas por el terremoto, es que quedan muy pocos peces”.
Bajo dicha premisa, el subsecretario aseveró que una de las tareas principales es ordenar el sector y bajar las cuotas de pesca. Por tanto, dijo que se legislará para intentar minimizar los despidos y los costos sociales que las menores cuotas de pesca de jurel, raya y congrio dorado va a traer. “Son decisiones que tienen un beneficio de largo plazo porque las pesquerías no se van a recuperar de un día para otro, pero existe una responsabilidad con la conservación de los recursos y con las futuras generaciones, y por mucho que los resultados no se vean bajo la presente administración, se seguirá adelante con la medida”, agregó Galilea.
En relación con la licitación de las cuotas, el subsecretario expresó que debido a la crisis de la pesquería y el terremoto “son muchas las mochilas que debe cargar la industria” por lo que será una medida que se estudiará a fondo.
“Basta de disputas”
Por su parte, el presidente de la Federación de Industrias Pesqueras de la Zona Austral A.G. (Fipes), Carlos Vial, centró su exposición en los desafíos del sector pesquero de la zona austral, tareas que -precisó- deben considerar la inversión en la acuicultura.
De igual forma, puntualizó que una de las acciones urgentes para lograr subsistir al duro momento que atraviesa el rubro es “terminar con las disputas y concentrarse en el ajuste al modelo operacional que hoy no funciona bien”.
Vial enfatizó en que se debe prorrogar el vencimiento dela LGPA en el 2012 para trabajar en los ajustes con calma y encontrar acuerdos macrozonales con impacto real a largo plazo. Además, dijo que se debe considerar la transferibilidad de las cuotas entre los diversos sectores y agentes.
Al finalizar su presentación mencionó que se debe renovar el espíritu de la industria y construir capital social, pues así se entrega un valor agregado al trabajo, para de esa forma sortear una “crisis que amenaza con ser terminal”.
Experiencia peruana
Una de las presentaciones más clarificadoras ante el actual contexto de la pesca en Chile fue la realizada por el gerente general de la Sociedad Nacional de Pesquería de Perú (SNP), Richard Inurritegui. En su exposición entregó un minucioso análisis de los factores que desencadenaron la implementación de las cuotas de pesca, al igual que los satisfactorios resultados que han obtenido en el primer año de su puesta en marcha.
Inurritegui aclaró que en un primer momento fue un “proceso traumático” debido a la negativa del sector industrial. Sin embargo, decidieron seguir adelante -pese a los costos políticos que significaba- y los beneficios no tardaron en llegar.
Esta verdadera revolución en el sistema pesquero del país del norte derivó en una reducción del esfuerzo pesquero, ya que la cantidad de embarcaciones bajó en un 67%.
Además, se aumentaron considerablemente los días de pesca, pues en años anteriores se extraía el recurso en 50 días aproximadamente, cuadriplicándose en el 2009.
Debido a la disminución del número de embarcaciones, dijo, se generan productos de mejor calidad (harina de pescado básicamente), esto debido al menor tiempo de espera de los barcos para descargar sus productos en los muelles. De igual manera, se obtienen beneficios al reducir el impacto ambiental, producto de que ya no se descomponen las materias primas arrojadas de los barcos debido a la sobreexplotación del recurso.
Si bien Richard Inurritegui reconoció que el sistema lleva poco tiempo en funcionamiento, acentuó que debe seguir porque así “se tiene una pesquería más ordenada”.
Oposición a licitar
Luis Felipe Moncada, gerente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), se mostró contrario a la licitación de las cuotas de captura, esto porque dicha medida podría resultar contraproducente con el rubro. “Si se subasta la pesca, podrían llegar empresas extranjeras a beneficiarse de los recursos, lo que traería consigo una gran inequidad en el sector pesquero”.
Además fue tajante al afirmar que de concretarse dicha licitación, ganaría el mejor postor, no el mejor operador, con las evidentes consecuencias para la producción. “La licitación de cuotas tendría un impacto directo en el empleo. La estabilidad estructural se vería seriamente afectada y se pondrían en riesgo los logros de 30 años de trabajo en el sector, principalmente en la protección social histórica que han obtenido los pescadores”, expresó Moncada.
En tanto, Rodrigo Sarquis, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), otorgó responsabilidad de la actual crisis, no sólo a la falta de legislación en la materia, sino que también a factores ambientales, esto es, que en períodos fríos la pesca pelágica disminuye.
Sin embargo, uno de los puntos preponderantes de su exposición se centró en demostrar que la licitación de la cuota de pesca no es la mejor opción. En sus argumentos, concordó con algunos expositores anteriores y agregó que “existe una mala experiencia en el país, ya que cuando se realizó, de las cuatro especies, tres están en veda total”.
A la cita también asistió el presidente de la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach), Hugo Arancibia, y el economista de la Universidad de Concepción, Jorge Dresdner, entre otros.
Arancibia manifestó que el Gobierno debe aplicar drásticas medidas para de esa manera “producir un impacto social fuerte porque lo contrario al sector pesquero chileno tiende a entrar en una crisis mayor. Por ello, la regulación de la cuota en recursos pelágicos y bentónicos es esencial”.
Si bien la cita no tenía como finalidad llegar a consensos sobre las políticas que se deben adoptar para sobrellevar la crisis y fortalecer la industria pesquera, igualmente sirvió para aportar experiencias y visiones diversas sobre los temas que están en discusión, evidenciándose el compromiso de los asistentes para buscar alternativas y propuestas que conlleven en un mejor futuro para la pesca en el país.
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