by Paulo | 17 julio 2012 1:13 pm
El centro de estudios e investigación privado Libertad y Desarrollo (LyD) identificó nueve puntos a ser mejorados en el proyecto de Ley de Pesca que se tramita en el Congreso y que aún debe cumplir varias tramitaciones legislativas que se extenderían hasta diciembre próximo, cuando vence la actual normativa del sector.
La autora del informe, la economista senior de LyD, Susana Jiménez, estimó que los planteamientos que realiza en el documento podrían ser considerados una vez que la normativa se revise en el Senado. Señaló que en la Comisión de Hacienda de diputados -donde hoy está la ley- se revisarán los puntos que repuso el Ejecutivo, como las licitaciones de cuotas y la propiedad de los recursos biológicos del mar, que en el proyecto se pretende que sean fiscales, lo que es duramente cuestionado por el informe.
La experta añade que en la Sala de la Cámara se analizarían los aspectos de constitucionalidad de la iniciativa.
El primer punto atañe a la independencia de los Comité de Científicos Técnicos (CCT), que tendrán injerencia directa en las cuotas a extraer anualmente y en determinar el estado de las diversas pesquerías. El texto sugiere que para disminuir la influencia del Ministerio de Economía en la nominación de los miembros del Comité se podría establecer un proceso de selección, con los ajustes necesarios al que existe para cargos de segundo nivel jerárquico en el Sistema de Alta Dirección Pública, que permita nombrar a todos los integrantes del CCT.
Otro aspecto que se plantea es ampliar las materias abordadas por el CCT en el ámbito científico, exigiendo su pronunciamiento por escrito, previa toma de decisiones por parte de la autoridad y obligando a ésta a aceptar las recomendaciones del Comité o bien rechazarlas de manera justificada.
Con relación a las licitaciones de cuotas de pesca, el informe indica que éstas no necesariamente eliminan las barreras de entrada a este mercado y podría producir mayor incertidumbre, afectando las decisiones de inversión. Añade que desde una perspectiva de libre competencia, el “mecanismo más apropiado para garantizar la asignación eficiente de recursos, es la “consolidación del mercado secundario”. Para ello, es necesario -agrega- que las cuotas de pesca sean “planamente transables, divisibles, susceptibles de todo negocio jurídico y de plazo indefinidas”, como lo establece el proyecto de ley. En eso debe hacer énfasis la tramitación legislativa, sostiene.
Con relación al impuesto específico para las patentes pesqueras, indica que sería más razonable una asociada a los márgenes operacionales y no vinculados a la cuota asignada, “pues en no pocas ocasiones se da que no se logra capturar toda la cuota asignada”. En este punto también se califica como insuficiente el crédito por el pago de patentes por sobre lo realmente capturado, introducido en el proyecto.
Respecto del Régimen Artesanal de Extracción (RAE) -quinto punto- en las pesquerías que tienen su acceso cerrado y la definición de criterios que pueden usarse para determinar los coeficientes de participación, el informe dice que sería “políticamente complejo” que la Subsecretaría de Pesca aplique este mecanismo y que debería haber mayor participación de los propios artesanales.
Un sexto punto alude al Fondo de Administración Pesquero (FAP), que considera programas sociales (becas, reinserción laboral), entre otros. El informe señala que el financiamiento de estos programas debería quedar acotado en monto y plazo de aplicación “evitando que sigan siendo fuente de irregularidades como en el pasado”.
Fraccionamiento y constitucionalidad
El estudio señala, por otra parte, que la incorporación del artículo séptimo transitorio que establece que el fraccionamiento de la cuota global de captura entre el sector artesanal e industrial se fija por 20 años (2013-2032), introduce “un grado de incertidumbre innecesaria”, ya que el periodo será motivo de debate en el Congreso y, además, se “estarán entregando verdaderos derechos de propiedad sólo por el plazo que dura el fraccionamiento acordado”.
Dicho riesgo, agrega el texto, se anularía si el coeficiente de participación de los tenedores de licencias transables de pesca se definiera no sobre la cuota industrial, sino proporcionalmente sobre la cuota global de captura. Así, el título de propiedad de estas licencias quedaría expresado como porcentaje de la cuota general.
En el punto ocho, el documento de LyD se destaca y coincide con las nuevas atribuciones en diversas materias de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).
En su último análisis, LyD se refiere a la modificación del artículo 1° del proyecto al cual, que califica como una “indicación inconstitucional” y que “constituye una expropiación a todos los chilenos”.
Se trata de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo que establece que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos del mar. Indica que la intención de declarar dichos recursos como “bienes del Estado o fiscales” debe quedar establecida necesariamente mediante una reforma a la Constitución.
Senado En LyD estiman que el Senado podría incluir las recomendaciones.
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