by Paulo | 6 noviembre 2015 1:40 pm
No cabe duda que la incorporación de los mejores estándares internacionales en materia de conservación de las pesquerías y del criterio científico para la determinación de las cuotas de pesca han transformado nuestra legislación pesquera en una regulación de clase mundial en materia de sustentabilidad. También ha tenido el mérito de otorgar mayor certeza jurídica a todos los actores del sector, incluyendo los pescadores artesanales e industriales.
Muchas veces se analiza la Ley de Pesca sin el necesario rigor académico y se privilegia el debate político y comunicacional por sobre los criterios técnicos y científicos. La columna del ex ministro tiene el mérito de enfocarse en lo que importa: el contenido de la Ley de Pesca y sus propios méritos técnicos, alejando la discusión de la contingencia del financiamiento irregular de la política y la agenda de probidad, cuya solución legislativa corre por cuerdas separadas, aun cuando algunos sectores insistan en confundir a la opinión pública, sosteniendo que se trataría de un cuerpo legal ilegítimo, a pesar de que fue aprobado por una amplia y transversal mayoría.
Como toda obra humana, una ley siempre admitirá perfeccionamientos, pero para ello es necesario que se implemente en su totalidad y se examinen sus efectos cuando haya entrado a regir plenamente. Solo después de un período razonable de aplicación se podrán hacer con rigor las evaluaciones que correspondan. La Sociedad Nacional de Pesca ha apoyado la iniciativa del Gobierno de solicitar a la FAO una evaluación técnica de la Ley de Pesca, pues un diagnóstico objetivo del actual marco regulatorio despejará dudas y potenciará nuestro sector productivo.
Más que centrar la atención en quienes se opusieron al proyecto original de la Ley de Pesca, es importante destacar que la versión final de este cuerpo legal fue apoyada mayoritariamente tanto por la pesca artesanal como industrial, además de los trabajadores del sector y, como hemos dicho, aprobada de manera transversal en el Congreso. Una abrumadora mayoría del “país pesquero” apoyó la creación de esta nueva institucionalidad sectorial, incluyendo, por cierto, la idea de asignar las cuotas de pesca a partir del criterio de capturas históricas, por ser este el mecanismo utilizado en la mayor parte de los países pesqueros en el mundo, como se acreditó técnicamente en el debate legislativo. Este criterio se utilizó para asignar los derechos de pesca artesanales, que actualmente representan el 59% del total de las capturas, y los derechos de los pescadores industriales, que suman el 41% restante.
Se ha sostenido que en Chile no existen las licitaciones pesqueras, y ello no es efectivo. En efecto, existen licitaciones de cuotas de captura desde 1991 y la propia Subsecretaría de Pesca acaba de dictar el nuevo reglamento de licitaciones pesqueras que dará lugar a un proceso de licitación equivalente al 15% de la fracción industrial de la Cuota Global de Captura, el que deberá estar concluido antes del 3 de enero próximo. En esta oportunidad, dicho proceso comprende pesquerías tales como sardina común, camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado. Como es posible apreciar, las licitaciones existen y seguirán existiendo, respetando los derechos ya constituidos.
La Sociedad Nacional de Pesca y los gremios que la integran comparten la idea de una economía social de mercado y una adecuada promoción y resguardo de la libre competencia. Igualmente importante es contar con un apropiado sistema que defina y resguarde el derecho de propiedad, como base esencial de dicho sistema. Sin derechos de propiedad claros, no hay mercado ni menos competencia. La actual Ley de Pesca resguarda equilibradamente dichos principios y valores. Las investigaciones sobre financiamiento irregular de la política, que afectan de manera amplia y transversal sectores económicos y políticos del país, no son un obstáculo para destacar el avance técnico que esta norma representa para el desarrollo del país.
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