La Sociedad Nacional de Pesca tiene como principal área de acción el promover y desarrollar una Pesca Responsable y Sostenible.

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Las 10 medidas para Chile

  1. Combatir la pesca ilegal requiere un esfuerzo colectivo: El problema es tan grande que todos deben sumarse y combatir colaborativamente. Actualmente existen al menos 3 ONG con programas de combate a la pesca ilegal, Sonapesca, organizaciones artesanales y el gobierno. Así, todas las ideas deben sumarse y ejecutarse en forma coordinada a través de una alianza público-privada.
  2. Adoptar un enfoque ecosistémico: No solo importa el impacto que la pesca ilegal genera en la población de peces, sino que también importa el impacto negativo que genera sobre las comunidades costeras que viven de esta actividad y se ven perjudicadas por la pesca indiscriminada de actores ilegales. Esto ha sido ratificado, por ejemplo, por la propia FAO cuando analizó la Ley de Pesca y por la Universidad Católica y la Universidad de Concepción. Todas estas instituciones han definido la importancia que tienen los aspectos culturales y socio económicos en la solución del problema. De no incluirlos en el programa global de combate a la pesca ilegal, será muy difícil terminar realmente con esta dañina práctica.
  3. Reducir el esfuerzo de pesca (número de naves pesqueras): Cuando se redujeron las cuotas de pesca en forma drástica, la pesca industrial, al tener cuotas individuales, se ajustó automáticamente disminuyendo su flota a menos de la mitad. En contraste, la flota artesanal se mantuvo o ha seguido creciendo en algunas pesquerías, por lo que presenta un excesivo esfuerzo de pesca, problema que debe ser afrontado en forma urgente. De no resolverse este aspecto será imposible eliminar la pesca ilegal.
  4. Incorporar posicionamiento satelital en la pesca artesanal: En el caso de la pesca industrial, la totalidad de la flota de naves cuenta con un sistema GPS incorporado. De este modo, la autoridad puede monitorear en línea sus movimientos. Además, tiene certificación de descarga de todas sus capturas y trazabilidad de sus productos. Una alternativa para seguir mejorando el proceso de fiscalización, es exigir que la totalidad de embarcaciones artesanales incorpore un sistema de monitoreo satelital, de tal forma de poder fiscalizar diversos aspectos como el traspaso a regiones no autorizadas, ingreso ilegal a áreas de manejo, entre otras.
  5. Certificación de desembarques obligatoria para embarcaciones de menor tamaño:Actualmente solo se exige certificaciones de desembarques para el 100% de la industria y artesanales de mayor tamaño (15 a 18 metros para cualquier lancha y mayor de 12 metros para pelágicos), sin embargo las principales pesquerías sobre explotadas con pesca ilegal (merluza austral, merluza gayi, congrio dorado), se realizan con botes (naves de menor tamaño), por lo que resulta indispensable extender la certificación de descargas a toda embarcación menos a 15 metros que opere en pesquerías que se encuentren en condición de agotamiento o sobreexplotación.
  6. Incorporar más tecnología y análisis de inteligencia para la fiscalización: La tecnología y el big data también se están transformando en grandes aliados para combatir la pesca ilegal. Por ejemplo, la WWF cuenta con una herramienta online llamada Detect-IT que toma todos los movimientos de naves pesqueras en el mundo, y la compara con la información de intercambio comercial de más de 170 países. A partir de este cruce de información, es capaz de detectar movimientos atípicos en las rutas de navegación que puede ser actividades de pesca potencialmente ilegales. Por su parte, Sernapesca está probando el uso de drones para fiscalizar zonas de difícil acceso y el análisis de big data para focalizar y priorizar los esfuerzos de fiscalización. Ambas acciones van en la dirección correcta, y deben potenciarse y financiarse por parte del gobierno.
  7. Integrar a comerciantes y restoranes en el combate a la pesca ilegal: Otra manera de atacar la pesca ilegal es incorporando a todos los actores que son parte de la cadena de comercialización de los productos del mar en el combate a la pesca ilegal. Aunque actualmente el proceso de fiscalización se lleva a cabo en toda la cadena productiva, se puede seguir avanzando en algunas medidas innovadoras. Por ejemplo, una buena práctica sería fomentar que los restoranes y comercializadores solo compren productos que cuenten con certificación de origen.
  8. Mantener y fortalecer control en las caletas: Sernapesca ha definido una estrategia de control a través de los mercados, pero también es fundamental retomar y reforzar el control que la autoridad hace en las caletas, que es donde se producen los desembarques y por tanto donde se puede producir la mayor comercialización de la pesca ilegal.
  9. Fortalecer la coordinación entre Directemar y Sernapesca para mantener efectivamente cerrado el registro pesquero artesanal. Un problema histórico ha sido la inscripción que realizan los pescadores en los registros de Directemar (para navegar, para licencias de tripulante o buzos), sin coordinación con Sernapesca. Al no haber coordinación entre ambas autoridades, un pescador artesanal puede estar habilitado para navegar según el registro de Directemar, pero no ser parte del registro que lleva Sernapesca. Esto puede generar problemas especialmente para las pesquerías catalogadas como sobre explotadas o colapsadas. Por tanto, es indispensable realizar los ajustes legales y/o reglamentarios del caso, de forma que la Armada no otorgue nuevas inscripciones en pesquerías sin antes contar con el visto de Sernapesca.
  10. Apoyar la ley de modernización y fortalecimiento de Sernapesca: Apoyamos las leyes y regulaciones que quiten incentivos para desarrollar la pesca ilegal o permitan desbaratar sus operaciones. Apoyamos decididamente el Proyecto de Ley de Modernización de Sernapesca, porque va en ese camino, endureciendo sanciones a quienes cometan este delito, generando facultades para poder fiscalizar toda la cadena de transporte, almacenamiento y venta, entre otros aspectos.

Es indispensable que esta ley tenga el presupuesto necesario asegurado para el trabajo en terreno en materia de fiscalizaciones, controles e inspecciones en todo el país.