by Paulo | 24 noviembre 2015 12:37 pm
María Ignacia Espinosa
El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Francisco Orrego, es enfático en señalar el profundo rechazo del gremio pesquero a la moción parlamentaria que pretende modificar la Ley de Pesca aprobada en 2013. A su juicio, esta iniciativa viene a romper gravemente el compromiso del Estado chileno con los empresarios titulares de las licencias de pesca. Un escenario que, a su modo de ver, se ha visto potenciado por las polémicas que tienen relación con el financiamiento irregular de la política en la que algunas empresas del sector se han visto involucradas.
¿Cómo ve el tema del financiamiento irregular de la política, donde se ha visto involucrada Corpesca, importante empresa del sector?
Estamos convencidos que el tema del financiamiento irregular de la política más que atribuirlo a un sector en particular es un problema que ha afectado a todos los sectores económicos y a todos los actores políticos, es un tema que va más allá del sector pesquero. Lo que nos preocupa es que hay ciertas personas y grupos minoritarios que aprovechándose de esa coyuntura han tratado de cuestionar la legitimidad de la Ley de Pesca. Nos parece que el trato que se está tratando de dar a la Ley de Pesca como un chivo expiatorio del caso del financiamiento irregular nos parece delicado y grave. Más que un problema propio del sector pesquero ahí hay un problema de Estado, un problema país donde el Estado chileno fracasó con las políticas y las regulaciones para el financiamiento de la política. Por lo tanto nos parece bien que haya una comisión y una agenda de probidad que quiera llevar adelante el Gobierno. Pero una cosa muy distinta es cuestionar la legitimidad de la Ley de Pesca. No podemos ser tan miopes de no reconocer que el sector empresarial en general ha cometido errores, y el sector pesquero tampoco es una excepción. Y nadie puede garantizar que en el futuro no se puedan cometer errores. Lo importante creo yo, y ese es mi compromiso, es poder de alguna manera aprender las lecciones de esos errores y poder trabajar, desarrollar e impulsar una agenda muy robusta en la línea de lo que hoy día se espera de los sectores empresariales y de los gremios donde estamos trabajando para mejorar todas nuestras prácticas que tienen que ver con el quehacer gremial, desarrollando un código o un manual de libre competencia, un código de ética, un código de buenas prácticas pesqueras y en un manual del lobby o relación con las autoridades.
¿Qué le parece los cambios que se están proponiendo a la Ley de Pesca?
Hay que tener presente que cuando se aprobó la Ley de Pesca el 2013, el legislador invitó a todas las empresas pesqueras a canjear sus antiguas autorizaciones de pesca por las nuevas licencias transables de pesca (LTP). Y todas las empresas lo hicieron, canjearon. Y lo hicieron bajo la base de la buena fe y de las reglas claras y estables que se ofrecieron. Esta moción en particular de tres parlamentarios, viene a alterar y romper gravemente este compromiso que el Estado chileno asumió con los titulares de las antiguas autorizaciones, hoy LTP, de mantenerles reglas del juego claras y certeza jurídica. Nos parece que la moción es absolutamente inoportuna e inconstitucional. Es un proyecto que el Senado debiera declararlo inadmisible porque invade atribuciones que son de iniciativas exclusiva del Ejecutivo, y curiosamente está moción fue aprobada en la comisión de pesca por 3 votos contra 1, donde los 3 votos fueron los mismos que crearon la moción, eso nos parece poco serio.
El venir a reabrir este debate sobre aspectos que ya entendíamos resueltos, genera por supuesto una reacción de preocupación por lo que eso puede significar en la estabilidad y seguridad jurídica de esta actividad económica. No estamos en contra de modificar la Ley de Pesca porque sí, consideramos que es una buena ley, pero sí estamos dispuestos a considerar perfeccionamientos a la Ley de Pesca y le vamos a hacer llegar a la FAO nuestras sugerencias y planteamientos.
¿Cómo ve el proceso de licitación de cuotas que se está iniciando?
Apoyamos fuertemente el proceso de licitación del 15% que se está dando inicio porque fue parte de un acuerdo global que quedó reflejado en la ley que como sector de la pesca industrial vamos a honrar. Eso no significa que estamos absolutamente de acuerdo con lo que está haciendo la autoridad. Hay ciertos aspectos de este proceso de licitación que nos preocupan porque estimamos que la Subsecretaría de Pesca está por la vía administrativa alterando los fraccionamientos de las cuotas globales entre pesca industrial y artesanal que quedaron establecidos en la ley por 20 años. No estamos en contra de la licitación, estamos en contra de que no se nos permita por restricciones administrativas el poder participar en igualdad de condiciones al resto de los actores dentro de estos procesos de licitación.
¿Cómo están viendo el problema de la pesca ilegal?
Es el principal problema hoy día que tiene el sector pesquero. No vamos a ser capaces como país de poder recuperar las biomasas o las pesquerías afectadas si al mismo tiempo no somos capaces de combatir y erradicar la pesca ilegal. Es un tema que nos afecta a todos por igual, al sector industrial y a la pesca artesanal, y la fiscalización por parte del Sernapesca tienen que ser implacable, tienen que ser mano dura. Nosotros como pesca industrial tenemos que hacernos cargo de los errores que se han cometido, tenemos que aprender las lecciones y por supuesto corregirlas, y en eso también estamos como gremio y estamos dispuestos a iniciar un proceso de certificación de sustentabilidad de las pesquerías.
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