by Paulo | 25 julio 2012 3:37 pm
La pesca se ha transformado en una actividad privada altamente regulada, por el hecho de que mientras los peces se encuentran en el mar no tienen dueño, y adjudicárselos artificialmente al Estado por ley constituye una ficción, porque éste no tiene ningún control sobre aquéllos ni su localización. Dicha ficción -o convención- es necesaria, sin embargo, pues en un ambiente desregulado los incentivos dan lugar a una “carrera olímpica” entre los agentes por capturarlos primero. Este fenómeno -denominado la “tragedia de los comunes” y que ha sido acuciosamente estudiado en la literatura económica- requiere que se ponga un límite a la cuota global de pesca por especie, cuyo cálculo provenga del conocimiento científico de su proceso reproductivo, de modo que las pesquerías puedan tener sostenibilidad en el tiempo.
Asimismo, es preciso adjudicar permisos de pesca y cuotas individuales por especie, para controlar que las cuotas globales determinadas se respeten. Sin embargo, eso no es suficiente, porque para preservar la actividad de los pescadores artesanales, cuyo acceso al capital y la tecnología es más precario, se deben asignar cuotas entre los pescadores artesanales y los industriales, y, en el caso de los primeros, entre los “boteros” y los “lancheros”, que, en la práctica, son semiindustriales. Todo esto se traduce en normativas legales que, en definitiva, transfieren riqueza entre los agentes participantes, por lo que resulta una tarea muy difícil resolver esa ecuación de la manera que mejor satisfaga el bien común.
La actual ley contempla que las cuotas globales se determinen mediante la participación de hasta 11 comités científicos, y que sus recomendaciones sean adoptadas por la autoridad con baja interferencia de la industria (esta última era antes considerable, y condujo a la desaparición de varias pesquerías). Además, establece zonas en las que los distintos actores pueden actuar: la primera milla será de uso exclusivo de los “boteros”; las siguientes cuatro millas, de los “lancheros”, y de ahí hacia afuera de los industriales. Asimismo, se exigirá a las embarcaciones semiindustriales e industriales el uso de GPS ( Global Positioning System , esto es, sistema de posicionamiento global), para verificar que están cumpliendo con dicha delimitación. Igualmente, con el objeto de controlar los márgenes aceptables establecidos la autoridad perfeccionará el sistema de certificación de la pesca desembarcada.
Según lo informado por el subsecretario de Pesca, a los pescadores artesanales les correspondería el 55 por ciento de la captura (aunque los semiindustriales capturan el 90 por ciento de esta fracción “artesanal”), y el 45 por ciento a los industriales. Se espera que esta distribución satisfaga a los tres grupos, pero los problemas surgen en el momento de discutir la manera como se asignan las cuotas de pesca. Las empresas del sector invocan su derecho a preservar las que actualmente tienen, pues han hecho las inversiones y pagan las patentes correspondientes. La divisibilidad y la factibilidad de transar en el mercado esas licencias resuelven en parte el problema, pero sigue siendo un punto que deberá zanjarse bien en el Senado, pues durante la discusión de ese punto la Cámara de Diputados eliminó las cuotas individuales, lo que llevaría nuevamente a la indeseada “carrera olímpica”. La licitación que se ha considerado, del 15 por ciento de los excedentes que se generen sobre el cupo máximo -un margen que parece bastante moderado-, permitiría, tímidamente, el ingreso de nuevos actores.
Todo parece anticipar, pues, una difícil tramitación antes de que el país disponga del nuevo marco legal para esta industria, que a todas luces se requiere con urgencia.
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