by Paulo | 22 septiembre 2021 12:38 pm
En relación a la aprobación del proyecto que busca la nulidad de la ley de pesca aprobada en las comisiones unidad de pesca y constitución de la Cámara de Diputados, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca F.G.), principal gremio pesquero de Chile señala lo siguiente:
En primer lugar, hay que ser claros que no existe la figura jurídica de anular una ley, tal como lo dijeron la mayoría de los abogados que expusieron en la instancia. Se puede dejar sin efecto (derogar) o se puede modificar, pero no se puede anular, porque no existe esa posibilidad.
Por otra parte, es preciso decir y en lo que hay bastante consenso entre diversos sectores, en relación a los importantes avances de la actual legislación en materia de sustentabilidad, gracias al enfoque ecosistémico y precautorio, la gobernanza creada a través de los comités científicos y de manejo, planes de manejo, la modernización de Sernapesca, entre otros. De esta forma, se acaba con el fraccionamiento de las capturas, el sistema de cuotas, licitaciones, pago de impuestos, e incluso volviendo a la denominada “carrera olímpica” que permitía la explotación de recursos hasta su agotamiento.
Como Sociedad Nacional de Pesca, creemos que este proyecto que busca anular la Ley General de Pesca y Acuicultura, N° 18.892 implicaría que la ley nunca existió y sería un retroceso de tres décadas que afecta a los sectores industrial y artesanal, pero sobre todo a la sostenibilidad de los recursos. También implicaría desconocer todas las medidas y tramites administrativos que se han adoptado en 7 años, lo que es casi imposible de reconstruir. La nueva indicación aprobada plantea que durante 2 años se mantendría vigente, mientras se dicte una nueva ley, lo que es una real contradicción, porque todo lo que se haga durante estos dos años se haría sobre una ley “anulada”.
Cabe señalar que, sobre la base de este marco jurídico, la pesca industrial está desarrollando un fuerte trabajo en materia de sustentabilidad, destacando las certificaciones de 10 pesquerías bajo los estrictos estándares Marine Stewardship Council (MSC) y Marin Trust; APL´s en materia energética y disminución de desechos sobre todo plásticos; programa de reciclaje de redes de pesca y limpieza de playas y fondo marinos; respeto irrestricto a vedas e incluso vedas voluntarias adicionales cuando los monitoreos propios determinan su necesidad; desarrollo científico y erradicación de la pesca ilegal.
Este trabajo nos permite decir que hoy somos un nuevo sector pesquero, preocupado y ocupado en mejorar procesos para desarrollar una actividad sostenible en el tiempo, que permita incorporar inversión e innovación sobre todo en tiempos de incertidumbre económica como las actuales. En medio de la pandemia el sector ha mantenido toda la fuerza laboral de las que dependen directamente 35.000 familias. Además, al ser una industria de alimentos existe un compromiso para alimentar en forma saludable a todos los chilenos, y en ello, hay avances sustanciales.
El llamado es a tomar en cuenta los efectos que podría tener esta legislación que no beneficia a nadie. Si se elimina la pesca industrial, se pierden los mercados más relevantes, que requieren la certeza de abastecimiento que generan las cuotas individuales. Sin sus cuotas y sin esos mercados, las plantas industriales no pueden sostenerse y todos van a perder. Con la ley de la jibia pasó exactamente lo mismo, eliminaron a la pesca industrial, y en lo concreto significó que cerraron algunas plantas y aparte de los 2.000 empleos directos que se perdieron y todas las pérdidas económicas derivadas de ello, se terminó perjudicando a la pesca artesanal que se quería beneficiar: perdieron su principal poder comprador y hoy capturan solo el 25% de su cuota.
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