by Paulo | 30 noviembre 2012 12:47 pm
En las últimas semanas, la discusión se centró en un tema relevante, pero específico: las licencias de pesca; particularmente, cuánto han de durar y cómo se han de repartir. El proyecto original contemplaba duración indefinida para dar certidumbre y favorecer la transferibilidad, pero en el Congreso ésta ha ido acortándose y en la versión actual quedó en 20 años. Una fórmula balanceada permitió acercar las posiciones: renovación automática, pero causales de caducidad más estrictas.
El Gobierno también ha debido ceder para dar más espacio a las licitaciones como mecanismo de asignación de licencias. Su proyecto original contemplaba licitaciones sólo cuando las pesquerías estuvieran cercanas a sus niveles de rendimiento máximo sostenible, para favorecer la recuperación de aquellas sobreexplotadas o colapsadas, pero ahora estaría allanándose a aceptar licitaciones, transcurridos algunos años, incluso en esas pesquerías, en el contexto de un acuerdo que permita sacar adelante el proyecto. Este último asunto ha sido uno de los más controvertidos.
Técnicamente, el proyecto original del Gobierno tiene mejor sustento, pero los cambios hasta ahora introducidos no alteran su esencia. Más bien reflejan el pragmatismo con que el Ministerio de Economía está abordando la tarea de tramitar esta iniciativa, que se sabía compleja porque exige zanjar cuestiones de fondo, relativas a “cuánto Estado y cuánto mercado”, y porque implica repartir recursos escasos con potencial de generar rentas económicas, entre otros motivos, y, sobre todo, porque es una actividad en que los datos de pesca efectiva no han sido nunca confiables, por causas que ahora quedarán remediadas.
En otros temas menos debatidos, pero tanto o más importantes, el proyecto de ley constituye un avance sustancial respecto de la normativa pesquera vigente. La sustentabilidad pasa a ser el objetivo explícito de la regulación y se introducen múltiples ajustes conducentes a ese fin. Se reduce considerablemente la discrecionalidad de la autoridad en la determinación de las cuotas globales; los consejos de pesca en que participan los regulados pierden el carácter resolutivo que hoy tienen; la investigación científica se fortalece; los estudios y los procesos de toma de decisiones se transparentan y abren al escrutinio público, y la institucionalidad a cargo de la fiscalización se refuerza.
En cuanto a la pesca artesanal, se distingue entre los artesanales de menor y mayor tamaño, y a estos últimos -que pescan más del 90% de esta fracción y cerca de la mitad del volumen total- se les exige posicionador satelital y acreditación de capturas, lo que permite extender la fiscalización a este importante sector.
También se perfecciona el instrumento recaudador, pues las patentes se restringen a las embarcaciones en uso, y se introduce un impuesto específico para industriales históricos en función de la cuota, con lo que el pago se alinea mejor con la renta económica. Por último, las licencias se independizan de las embarcaciones para mejorar la transferibilidad y así ganar en eficiencia y oportunidades de acceso.
Éste es un marco regulatorio mejor que el actualmente vigente y, sin duda, mejor que el que volvería a regir en 2013 si no se legisla sobre esta materia antes de fin de año. Afortunadamente, parecen ser más los que hoy están trabajando para acercar posiciones con miras a aprobar una nueva Ley de Pesca a la brevedad.
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