by Paulo | 7 julio 2011 2:12 pm
Todo Chile está expectante frente a la propuesta que pronto va a presentar el Gobierno sobre el sistema de asignación de cuotas de captura que va a suceder a los actuales Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), que vencen el 2012. Según ha trascendido, el proyecto del Ejecutivo contemplaría la licitación de entre un 25% y un 50% de las cuotas. Sin embargo, últimamente se supo que el Presidente, Sebastián Piñera, estaría dispuesto a discutir el tema en el Comité Político de La Moneda, debido a la trascendencia que este tiene para el sector pesquero industrial.
Lo cierto es que a mediados de este mes, el Ministerio de Economía debería anunciar el proyecto en cuestión, por lo cual muchos parlamentarios se han dedicado a estudiar el asunto para tener claro cuáles serían los beneficios y desventajas de una supuesta subasta.
El senador y presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, Antonio Horvath, informó que esta instancia se encuentra analizando, junto a profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional y distintos actores de la pesca, los alcances que podría tener un sistema de licitaciones y obteniendo información de todos los actores interesados en la materia, así como considerando las distintas pesquerías y su situación de sustentabilidad.
“La finalidad debe ser garantizar la recuperación y buena administración de las distintas pesquerías del país y sus ecosistemas. El objetivo debe ser definir las fórmulas más justas para acceder a las cuotas”, expresó el parlamentario, quien agregó que no es tan simple apoyar la licitación, por lo cual se en la mencionada comisión se está haciendo un análisis en profundidad respeto a los problemas puntuales que han tenido los recursos pesqueros.
Actualmente, hay una gran polémica respecto de la posible licitación de las cuotas de captura del sector industrial. Se dice que el proyecto del Gobierno apostaría por la licitación de entre un 25% y un 50% de las cuotas. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta?
El problema de la sustentabilidad de las distintas pesquerías en Chile no se debe a la fórmula de entrega del porcentaje de cuotas de los LMCA o la licitación de éstas. El daño se ha producido por haber entregado cuotas excesivas en los gobiernos anteriores. Un ejemplo claro de ello es el jurel. Tenemos experiencias de licitaciones en pesquerías incipientes y en recuperación, como es el caso de orange roughy, alfonsino y bacalao, pero no todos con resultados convenientes. Por ello, se debe ponderar bien la historia de captura real y asegurar mecanismos de transferencias en el caso que quieran entrar nuevos actores.
Esta propuesta no es tan simple de apoyar y estamos haciendo un análisis en profundidad en la Comisión, con respecto a los problemas que han tenido las pesquerías, como la excesiva cantidad de cuotas entregadas, los efectos del cambio climático y depredadores, como la jibia. Hay que ver cómo ha funcionado cada pesquería en lo artesanal e industrial antes de tomar una decisión.
En cuanto a la licitación, lo que se pretende es dar cabida a nuevos actores, sean nacionales o extranjeros. Sin embargo, no se hace del todo cargo del esfuerzo de inversión y la historia desplegada hasta la fecha. Antes que licitar, hay que asegurar la sustentabilidad, para tener cuotas suficientes.
¿Qué efectos negativos cree que podría producir una posible subasta de las cuotas de pesca? ¿Quiénes saldrían más perjudicados?
Saldrían perjudicadas las empresas, los trabajadores y todos los servicios vinculados que hoy se encuentran en la actividad. Lo que está en juego es la sustentabilidad de los recursos y a eso hay que darle garantía de recuperación y asegurar que haya trabajo y mejores condiciones de éste a futuro.
De aprobarse la licitación, ¿cuáles cree que deberían ser los criterios predominantes en la subasta? ¿Las cuotas deberían entregarse al mejor postor o deberían considerarse factores como la historia pesquera o infraestructura de la empresa, por ejemplo?
De todas maneras, debe incorporarse la historia, la estructura pesquera, las inversiones realizadas, y el comportamiento de éstas en cuanto a su responsabilidad social y ambiental.
Asimismo, ¿qué cree que se debería hacer con los recursos económicos que se generen de una supuesta licitación? ¿Ustedes, como senadores, tendrán algún poder de decisión en este ámbito, cuando se discuta la ley?
Desde luego que sí tendremos poder de decisión, pues esta materia debe pasar por el Congreso Nacional. Nosotros tenemos la posibilidad de definir los destinos también de los fondos modificando la propuesta que nos haga el Ejecutivo o hacer las nuestras para garantizar los votos suficientes. No obstante, en este momento es más importante financiar la investigación de todos los recursos y sus ecosistemas, fondos que desgraciadamente se han reducido significativamente. Sin tener una buena investigación y capacidad de fiscalización tanto en el sector industrial como artesanal, estar tomando decisiones respecto a temas que no se conocen en profundidad no resulta conveniente.
Los trabajadores del sector pesquero han protestado contra la posible licitación debido a su temor a que este proyecto afecte el empleo. ¿Cree que esto ocurra? ¿Cómo se podría proteger al sector laboral?
Los trabajadores necesariamente deben ser considerados como participantes en la gestión. Si por algún motivo pierden la posibilidad de seguir desarrollando su actividad, es evidente que van a protestar. Más importante resulta ser justo, reconocer las acciones de cada uno de los sectores y, además, evaluar bien las situaciones de las pesquerías que han sido licitadas y su resultado.
¿Cree que este proyecto pueda dar pie para que alguna vez se puedan licitar también las cuotas del sector artesanal?
El sector artesanal resulta más complejo y debe tener un mejor ordenamiento, fiscalización y un registro que los represente de verdad. Dado que la pesca artesanal corresponde a un modo de vida y ocupación del territorio, del borde costero y del mar interior, es imposible licitar sus cuotas. Junto con asegurar la recuperación y sustentabilidad de los recursos, hay que asegurar los mecanismos de administración la cual ellos puedan disponer de éstas.
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